El informe anual de FAO sobre el Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2020 analiza uno de los desafíos más urgentes para el futuro del campo: la gestión sostenible del agua. A partir de datos globales y propuestas concretas, se explica por qué el agua se ha convertido en un factor crítico para la seguridad alimentaria.
El documento también plantea cómo enfrentar la creciente escasez hídrica, qué tecnologías pueden mejorar la eficiencia del riego y qué políticas públicas podrían impulsar cambios reales. A lo largo del análisis se discuten soluciones técnicas, institucionales y económicas que permitirían usar mejor el recurso hídrico en la agricultura.
El informe parte de una premisa clara: el agua se ha convertido en uno de los factores más determinantes para el futuro de la agricultura. La producción de alimentos depende profundamente de la disponibilidad de agua, pero al mismo tiempo el sector agrícola es responsable de la mayor parte de su uso. De hecho, la agricultura de riego representa más del 70 % de las extracciones mundiales de agua, lo que coloca al sector en el centro del debate sobre sostenibilidad.
Esto ocurre a pesar de que buena parte de los alimentos del mundo siguen produciéndose bajo sistemas de temporal. Esa contradicción revela un problema estructural: el agua se concentra en ciertas zonas y sistemas productivos mientras otras regiones enfrentan una creciente escasez.
Uno de los datos más relevantes es que alrededor de 1 200 millones de personas viven en zonas agrícolas con niveles muy altos de estrés hídrico. En estos territorios el acceso al agua limita la producción agrícola, reduce la estabilidad de los rendimientos y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades rurales.
Además, una proporción considerable de las tierras agrícolas del planeta sufre sequías recurrentes. Cerca del 11 % de las tierras de cultivo y el 14 % de los pastizales enfrentan episodios frecuentes de sequía, mientras que más del 60 % de las áreas irrigadas presentan niveles elevados de estrés hídrico.
Ante este panorama, el documento plantea que los desafíos del agua deben analizarse desde tres dimensiones diferentes: técnica y de gestión, institucional y jurídica, y normativa o de política pública.
En el plano técnico, uno de los retos principales consiste en mejorar la gestión del agua en la agricultura de temporal. Para lograrlo será necesario desarrollar variedades más tolerantes a la sequía, así como implementar estrategias agronómicas que permitan aprovechar mejor la lluvia disponible.
En la agricultura de riego, el problema central está relacionado con la eficiencia de los sistemas existentes. Muchos sistemas de riego fueron diseñados décadas atrás y presentan pérdidas significativas de agua durante la conducción, distribución y aplicación en campo. Por ello se plantea la necesidad de modernizar la infraestructura de riego y adoptar tecnologías más eficientes.
El informe también subraya la importancia de combinar tecnología con estrategias de gestión del recurso hídrico. No basta con instalar sistemas de riego más avanzados; es necesario planificar el uso del agua considerando factores climáticos, disponibilidad regional y necesidades productivas.
Otro elemento clave es la agricultura de temporal. Con frecuencia se considera que este sistema depende únicamente de la lluvia, pero el informe explica que existen estrategias que pueden mejorar significativamente el aprovechamiento del agua.
Una de ellas consiste en aumentar la captación e infiltración del agua en el suelo. Esto implica desarrollar infraestructuras o prácticas que permitan dirigir la lluvia hacia la zona radicular de las plantas. La segunda estrategia es conservar el agua en el suelo durante más tiempo, reduciendo pérdidas por evaporación o drenaje.
Prácticas como la cobertura vegetal, las franjas de vegetación y otras técnicas de manejo del suelo pueden ayudar a retener agua y nutrientes. Además, estas prácticas contribuyen a reducir la contaminación y mejorar la salud del ecosistema agrícola.
El informe también menciona la creciente relevancia de las fuentes de agua no convencionales. Entre ellas destacan el uso de agua residual tratada y la desalinización. Actualmente existen alrededor de 16 000 plantas desalinizadoras en el mundo que producen cerca de 100 millones de metros cúbicos de agua por día.
Aunque estas tecnologías no son adecuadas para todos los contextos, su uso se vuelve cada vez más viable debido a los avances tecnológicos y a la reducción de costos. En particular, pueden ser una alternativa para la producción de cultivos de alto valor en zonas con escasez hídrica.
En términos globales, se estima que casi el 20 % de las tierras cultivables del planeta podrían beneficiarse de estrategias de captación y conservación de agua. Sin embargo, para que esto ocurra se requieren inversiones significativas en infraestructura y tecnología.
Más allá de las soluciones técnicas, el informe señala que los incentivos para adoptar nuevas prácticas dependen de diversos factores. Entre ellos se encuentran la disponibilidad de agua, el costo de los insumos, el acceso a tecnología y el grado de incertidumbre climática que enfrentan los agricultores.
En muchos casos, los agricultores no pueden enfrentar por sí solos los riesgos asociados al agua. Por ello se destaca el papel del sector público, que puede facilitar la adopción de nuevas tecnologías mediante inversiones, programas de apoyo e información técnica.
En el ámbito institucional, uno de los aspectos más importantes es la definición de derechos sobre el agua y la tierra. Cuando los usuarios tienen derechos claros y seguros, es más probable que inviertan en tecnologías que mejoren la eficiencia del uso del agua.
También se plantea la posibilidad de establecer mecanismos de comercio o fijación de precios del agua. La idea detrás de estas propuestas es que un mayor valor económico del recurso puede incentivar su uso más eficiente.
Sin embargo, esta propuesta genera debates importantes. Si el acceso al agua se regula principalmente mediante el mercado, existe el riesgo de que algunos actores acumulen derechos sobre el recurso y ejerzan un poder excesivo sobre su distribución.
En ese sentido, el informe advierte que los mercados hídricos solo pueden funcionar de manera equitativa si el sistema inicial de asignación del agua es justo. De lo contrario, se corre el riesgo de profundizar desigualdades existentes.
El precio del agua también puede contribuir a reducir el uso excesivo y evitar el deterioro de los recursos hídricos. No obstante, cualquier aumento en el precio debería implementarse de forma gradual para permitir que los agricultores se adapten.
Otro aspecto central del documento es la necesidad de contar con mejor información sobre el uso del agua. Actualmente muchos países carecen de datos actualizados y precisos sobre cuánta agua se utiliza en la agricultura y cómo se distribuye entre diferentes regiones.
Esta falta de información dificulta la planificación y la toma de decisiones. Por ello se plantea invertir en sistemas de monitoreo, contabilidad del agua y tecnologías de teledetección que permitan obtener datos más confiables.
Los avances tecnológicos ya están facilitando este proceso. El desarrollo de bases de datos globales, sensores remotos y herramientas digitales está reduciendo el costo de recopilar información y mejorando la capacidad de análisis.
Sin embargo, la gestión sostenible del agua no depende únicamente de tecnología o datos. También requiere coordinación entre diferentes instituciones y sectores. Las políticas relacionadas con agricultura, energía, medio ambiente y desarrollo rural deben estar alineadas para evitar contradicciones.
Históricamente, muchas políticas públicas se han enfocado principalmente en la agricultura de riego. Como consecuencia, la agricultura de temporal ha recibido menos inversión en innovación y desarrollo.
El informe propone equilibrar esta situación promoviendo inversiones tanto en riego como en estrategias de manejo del agua en sistemas de temporal. Esto incluye mejorar la captación de agua, proteger las cuencas hidrográficas y fortalecer la resiliencia frente a sequías.
También se destaca la importancia de involucrar a comunidades locales e instituciones regionales en la gestión del agua. Su participación puede mejorar el diseño de las políticas y asegurar que se consideren las necesidades de los grupos más vulnerables.
Finalmente, se menciona la posibilidad de implementar pagos por servicios ambientales para agricultores que contribuyan a la conservación de los recursos hídricos. Este tipo de incentivos puede promover prácticas que protejan los ecosistemas y mejoren la sostenibilidad del sistema agrícola.
En conjunto, el documento muestra que el agua se ha convertido en uno de los desafíos más complejos para la agricultura mundial. Resolver este problema requiere una combinación de innovación tecnológica, políticas públicas coherentes, información confiable y participación social.
Solo mediante este enfoque integral será posible avanzar hacia sistemas agrícolas capaces de producir alimentos de manera sostenible mientras se preserva uno de los recursos más esenciales para la vida: el agua.
