Platiqué con Celeste Molgado en torno a la importancia de los seguros agropecuarios como herramienta para reducir riesgos en el campo. Celeste nos comparte su experiencia ofreciendo soluciones adaptadas a productores, abordando desde coberturas específicas hasta procesos de diagnóstico y selección personalizada de aseguradoras.
También nos habló sobre los retos que impiden una mayor adopción del seguro en el agro mexicano, así como las ventajas adicionales de las fianzas. Por supuesto, nos comentó casos en los cuales el seguro agrícola fue la diferencia para un agricultor.
A lo largo de este episodio pongo sobre la mesa una realidad incómoda, pero imposible de ignorar: el campo mexicano funciona sin acompañamiento técnico suficiente, y eso tiene consecuencias directas en la productividad, la dignidad y el futuro de millones de productores. Más del 70 % de quienes trabajan la tierra lo hacen apenas para sobrevivir. No es falta de esfuerzo ni de conocimiento empírico; es la ausencia de alguien que camine con ellos, que traduzca la teoría en práctica y que no desaparezca después de una charla de quince minutos. Esa figura era el extensionista agrícola, y hoy prácticamente no existe.
El punto de partida es claro: desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, el rumbo del agro cambió. Se apostó por la agroexportación, por los cultivos de alto valor y por un modelo que funciona para pocos. La agricultura mexicana quedó partida en dos: una altamente tecnificada y rentable, y otra —la mayoritaria— relegada al autoconsumo. El dato es contundente: de cinco millones de unidades productivas, cerca del 80 % son pequeños productores que apenas generan lo necesario para vivir. La pregunta es inevitable: ¿quién los atiende?
Rosario explica con precisión dónde están hoy los agrónomos. Muchos trabajan en el sector público, en docencia o investigación. Otros están en dependencias oficiales, en empresas privadas de insumos, maquinaria o agroindustria. También los hay en organismos internacionales o emprendiendo por su cuenta, lo cual es positivo. Pero el hueco está en el campo de subsistencia. Ahí, donde están cuatro millones de unidades productivas, no hay técnicos suficientes, ni programas sólidos de acompañamiento.
Cuando hablamos de extensionismo, no hablamos de repartir folletos ni de dar una plática exprés. El extensionismo es acompañar, extender el conocimiento generado en universidades y centros de investigación, adaptarlo a realidades concretas y sostenerlo en el tiempo. Antes del salinismo, esa figura existía. Luego se le cambió el nombre, se precarizó el trabajo y, en la práctica, desapareció. Hoy se entregan insumos sin seguimiento, como si el fertilizante, por sí solo, resolviera problemas estructurales.
El primer ejemplo que ilustra esta falla es el programa de Fertilizantes para el Bienestar en Guanajuato. Rosario participó como técnica supervisora y lo que encontró fue alarmante. Dos técnicos para siete municipios. Contratos vía outsourcing, pago por encuesta realizada, sin vehículo, sin viáticos, sin respaldo. Trabajo a destajo, literal. El resultado: bases de datos desactualizadas, productores que ya no siembran pero siguen recibiendo apoyos, fertilizante entregado fuera de tiempo y otros que nunca llegó a quien realmente lo necesitaba.
Más grave aún: nadie acompañó al productor después de la entrega. Se preguntaba si sabía aplicar el fertilizante, si recibió capacitación. La respuesta frecuente era que alguien habló quince minutos antes de cargar los costales. Eso es todo. No hay seguimiento, no hay evaluación, no hay aprendizaje continuo. En contextos de sequía severa, muchos guardaron o vendieron el fertilizante. No por mala fe, sino porque no tenía sentido aplicarlo. Sin extensionismo, el programa se queda a medias.
El segundo ejemplo es Sembrando Vida. Un programa con buena intención, pero con fallas similares. En el sureste, donde la tierra es amplia, se pide plantar miles de árboles sin un diagnóstico técnico fino. Falta personal para supervisar, para capacitar, para orientar sobre especies adecuadas según el suelo o las condiciones de inundación. En algunos casos se deforesta para volver a plantar. En otros, la información cambia sobre la marcha. La falta de ingenieros en campo termina costando caro, en recursos y en confianza.
Rosario subraya algo clave: los programas no fracasan por mala voluntad, sino por diseño incompleto. Se entregan apoyos, pero no se construyen capacidades. No basta con sembrar árboles o repartir fertilizante. Hace falta organización, seguimiento, comercialización. Si se impulsa la producción de limón o naranja, tiene que haber canales de acopio y venta. De lo contrario, el productor vuelve a quedar solo, ahora con más fruta y los mismos problemas.
Aquí aparece un tema incómodo pero necesario: la responsabilidad del Estado. El acompañamiento a los pequeños productores no puede depender del mercado. Ellos no pueden pagar asesoría privada. Se requiere presupuesto etiquetado, aprobado por legisladores, para contratar profesionistas agrícolas de manera digna. No por outsourcing, no por pieza, no a destajo. Con salarios que permitan vivir y permanecer en el territorio.
La desaparición de instituciones como Banrural dejó a muchos productores sin crédito y a muchos ingenieros sin empleo. Financiera Rural atendió a quienes podían pagar, pero el pequeño productor quedó fuera. Hoy se anuncian nuevos programas de crédito y soberanía alimentaria, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde están los ingenieros? ¿Cuántos se van a contratar? ¿En qué condiciones?
El papel del profesionista agrícola va más allá de lo técnico. También organiza, facilita procesos colectivos, impulsa cooperativas, trabaja proyectos participativos. No llega con recetas, sino que escucha y construye junto con la comunidad. Eso se ha perdido. Hay ejemplos exitosos, sí, pero son excepciones. Y muchas veces dependen del esfuerzo individual de técnicos comprometidos que deciden producir junto con los campesinos para ganar su confianza.
También hay una autocrítica necesaria hacia las universidades. Se forman excelentes técnicos, pero poco preparados para trabajar con parcelas de una o dos hectáreas, con agricultores de autoconsumo. Hay una desvinculación entre academia y realidad rural. No todos los egresados buscan la agroexportación, pero quienes quieren volver a su comunidad necesitan condiciones para hacerlo. Nadie regresa al campo sin un ingreso que le permita vivir.
El cierre del episodio deja una pregunta abierta y potente: no hay estadísticas claras sobre dónde están los egresados de agronomía, cuánto ganan, en qué sectores trabajan. Sin datos, no hay diagnóstico. Sin diagnóstico, no hay política pública efectiva. Rosario insiste en la necesidad de generar esa información y ponerla sobre la mesa.
Este episodio no idealiza el pasado ni romantiza al campesino. Dice las cosas como son: sin extensionismo no hay soberanía alimentaria posible. Se pueden repartir apoyos, anunciar programas y repetir discursos, pero mientras falte el engranaje humano —el profesionista agrícola en campo— el sistema seguirá cojo. Y el costo lo seguirán pagando quienes producen los alimentos que todos consumimos.