En las festividades de Navidad, los productos agrícolas son protagonistas esenciales en las mesas. Frutas como uvas, manzanas y peras son comunes en postres y adornos. Los frutos secos, como nueces, almendras y avellanas, realzan recetas tradicionales, mientras que hierbas como el romero y la canela aromatizan platos y bebidas.
Otros productos agrícolas destacados incluyen hortalizas como papas y zanahorias, presentes en guarniciones, y granos como maíz, utilizados en tamales y otras recetas navideñas. Además, las especias como el clavo y la nuez moscada aportan sabores cálidos a galletas, pasteles y ponches, enriqueciendo la tradición culinaria de la temporada.
Este episodio pone sobre la mesa un tema que se quiso vender como técnico, pero siempre fue político: por qué México perdió el panel de maíz transgénico frente a Estados Unidos. El fallo llegó en diciembre de 2024, pero la derrota se veía venir desde mucho antes. No por conspiraciones ni por mala suerte, sino por una estrategia mal planteada desde el origen.
Arranco con el contexto. En diciembre de 2020 se emitió un decreto presidencial que buscaba eliminar gradualmente el uso de maíz transgénico y del glifosato para 2024. La narrativa era clara: proteger la salud pública y la biodiversidad. En febrero de 2023 el decreto se ajustó para ser más específico, prohibiendo el uso de maíz transgénico en la masa destinada a tortillas. El mensaje político funcionaba bien: la tortilla como símbolo nacional, la defensa del maíz nativo y una supuesta amenaza externa.
El problema fue otro. Las restricciones no estaban respaldadas por evidencia científica sólida, y eso, en un tratado comercial, es un pecado mortal. Estados Unidos, principal exportador de maíz a México, reaccionó de inmediato. Argumentó que las medidas violaban el T-MEC al limitar el acceso al mercado sin justificación técnica. En agosto de 2023 solicitó formalmente un panel de solución de controversias. A partir de ahí, el resultado era cuestión de tiempo.
Un panel bajo el T-MEC no es una mesa de buenos deseos ni un debate ideológico. Es un mecanismo jurídico, frío y técnico, diseñado para verificar si un país cumple o no con lo que firmó. Lo integran expertos en comercio internacional, no activistas ni políticos. Analizan documentos, argumentos, evidencia científica y legal. Al final emiten un informe vinculante. Y eso fue exactamente lo que ocurrió el 20 de diciembre de 2024.
El panel concluyó que las medidas de México no estaban basadas en principios científicos y que socavaban el acceso al mercado, violando el tratado. Resultado: México perdió. Y perdió sin sorpresa. Había un plazo de 45 días para eliminar las barreras a la importación de maíz transgénico para consumo humano, bajo la amenaza clara de sanciones comerciales.
Desde el gobierno mexicano se expresó desacuerdo, pero también se dijo que se respetaría la resolución. Aquí entra Claudia Sheinbaum, quien anunció que en febrero de 2025 el Congreso legislará para proteger la biodiversidad y prohibir el cultivo de maíz transgénico en territorio nacional. El matiz es clave: importar no es lo mismo que producir. El panel no prohíbe legislar sobre producción interna; prohíbe bloquear importaciones sin sustento científico.
Uno de los errores centrales de toda esta estrategia fue insistir en el argumento de la salud humana. Ese frente estaba perdido desde el inicio. Décadas de evidencia muestran que los cultivos genéticamente modificados no representan un riesgo directo para la salud. Modificar genéticamente una planta no la vuelve tóxica ni peligrosa para quien la consume. Esto no es opinión, es consenso científico.
Este punto ya se había explicado con claridad en una conversación previa con Miguel Mulet, de la Universidad de Valencia, quien detalló por qué los transgénicos son seguros para consumo humano. Ignorar ese consenso fue regalarle el caso a Estados Unidos. Defender una postura política usando un argumento científicamente débil es como ir a un juicio con discursos cuando te piden pruebas.
Ahora bien, otra cosa muy distinta es la biodiversidad. Ahí sí hay debate real. La posible contaminación de maíces nativos por flujo génico es un riesgo legítimo. El problema es que México mezcló dos discusiones distintas: salud y biodiversidad. Perdió la primera y arrastró consigo a la segunda.
Lo que sigue, tras el fallo, no es menor. México está obligado a alinear su marco normativo con el T-MEC. Si no lo hace, Estados Unidos puede imponer aranceles a productos clave de exportación. En agricultura, la lista es larga: aguacate, berries, mango. Y si eso no alcanza, también puede golpear a otros sectores, como el automotriz. El impacto económico sería serio y rápido.
Existe la posibilidad, pequeña pero real, de que se busquen acuerdos políticos paralelos. No para prohibir importaciones, pero quizá para establecer ciertos límites o condiciones. En comercio internacional, estas negociaciones ocurren todo el tiempo. Muchas ni siquiera salen a la luz. El maíz transgénico pudo haber sido una moneda de cambio importante. Tras el fallo, su valor como ficha de negociación se reduce, aunque no desaparece del todo.
Un ejemplo claro de estas dinámicas ya se ha visto antes: el aguacate mexicano y la papa estadounidense. Uno entra, el otro también. No por bondad, sino por equilibrio político-comercial. Así funciona el juego.
Desde mi perspectiva, prohibir totalmente la producción de maíz transgénico en México no es la mejor salida. La producción debería permitirse, pero bajo lineamientos extremadamente estrictos. Legislación clara, vigilancia real y sanciones severas para quien incumpla. Otros países llevan décadas produciendo transgénicos sin provocar un colapso de su biodiversidad. No porque sea magia, sino porque tienen reglas y las hacen cumplir.
El verdadero atraso de México no es consumir maíz transgénico, sino no saber regularlo. Mientras otros avanzan en biotecnología agrícola, aquí seguimos atrapados en debates mal planteados. La coexistencia entre maíces nativos y transgénicos es posible, pero exige políticas públicas bien diseñadas, no decretos improvisados.
En los próximos meses veremos ajustes normativos. Es inevitable. La pregunta es si se harán con cabeza fría o con prisas políticas. Sacar una ley al vapor para “cumplir” puede tranquilizar conciencias, pero no resuelve el problema de fondo.
Y sí, aunque incomode, los datos están ahí. Investigaciones de la UNAM muestran que una proporción significativa de las tortillas en México ya contiene maíz transgénico. No es una predicción futura, es una realidad presente. Negarla no la cambia.
Este episodio no trata solo de comercio o biotecnología. Trata de cómo se toman decisiones públicas cuando la ideología pesa más que la evidencia. El panel se perdió en el papel, pero la discusión de fondo sigue abierta. Biodiversidad, productividad y soberanía alimentaria no se defienden con discursos, sino con políticas bien hechas.
Aquí no hubo villanos ni héroes. Hubo una mala estrategia. Y en comercio internacional, eso se paga caro.