La tierra agrícola dejó de ser un tema rural para convertirse en un asunto de seguridad nacional, poder económico y control productivo. Cuando Estados Unidos limita compras de tierra por parte de ciertos países, la pregunta para México es directa: quién controla la tierra que alimenta al país.
Este tema importa porque la propiedad de la tierra no basta si falta agua, crédito, organización y acceso a mercados. La historia de Emiliano Zapata, la Reforma Agraria y el campo mexicano muestra una tensión vigente: tener tierra no siempre significa poder vivir de ella..
La tierra agrícola en México enfrenta un problema más complejo que la simple pregunta de quién la posee. Durante mucho tiempo, la Reforma Agraria fue vista como una de las grandes conquistas sociales del país. Y lo fue. Repartió más de 100 millones de hectáreas, transformó la vida de millones de familias campesinas y creó cerca de 30 mil ejidos y comunidades agrarias. Para muchas personas, significó pasar de trabajar tierra ajena a tener una parcela propia.
Ese logro no debe minimizarse. La Reforma Agraria ayudó a dar estabilidad social y política a México durante buena parte del siglo XX. Pero el problema empezó después: tener tierra en el papel no garantiza poder producir. La propiedad puede existir legalmente, pero volverse improductiva si no hay caminos, crédito, maquinaria, agua, organización o acceso a mercados.
Hoy más de la mitad del territorio nacional sigue siendo propiedad social, entre ejidos y comunidades. A primera vista, eso podría parecer una fortaleza. Sin embargo, debajo de ese dato aparecen dos procesos que dañan al campo desde lados opuestos: la fragmentación y la reconcentración.
La fragmentación ocurre cuando las parcelas se dividen entre herederos generación tras generación. Una parcela que antes tenía una escala razonable puede terminar partida en pedazos pequeños, dispersos, sin caminos adecuados y sin condiciones para mecanizar. En esas circunstancias, la tierra existe, pero queda atrapada. No desaparece del registro, pero pierde capacidad productiva.
Al mismo tiempo, avanza la reconcentración. En algunas regiones, la tierra vuelve a acumularse en pocas manos. Esto ocurre mediante compra, renta, presión económica o procesos de privatización. El resultado es una contradicción profunda: mientras algunas familias campesinas poseen parcelas demasiado pequeñas para vivir de ellas, otros actores concentran superficies cada vez mayores.
La frase de Emiliano Zapata, “la tierra es de quien la trabaja”, sigue teniendo fuerza, pero hoy exige una lectura distinta. En el pasado, la gran disputa era acceder a la tierra. Ahora la pregunta central es si quienes la tienen cuentan con las condiciones reales para trabajarla. El título de propiedad no siembra, no riega, no financia, no abre mercado y no resuelve la falta de escala.
El crédito es una de las señales más claras del problema. En 2022, solo una pequeña parte de las unidades de producción agropecuaria en México tuvo acceso a financiamiento. Eso significa que la mayoría de los pequeños productores trabaja sin respaldo formal para comprar insumos, invertir en tecnología, mejorar infraestructura o resistir malas temporadas. Así se forma una trampa: quien no puede invertir no puede crecer; quien no puede crecer no compite; quien no compite termina rentando, abandonando o vendiendo.
Aquí entra una dimensión que suele ignorarse: la tierra agrícola ya no es solo una herramienta de producción, también es un activo estratégico. En el mundo actual, la tierra con agua, conectividad, clima favorable y certeza jurídica vale cada vez más. No toda tierra agrícola tiene el mismo valor. La verdadera disputa está en la tierra que puede producir de manera rentable y constante.
El caso de Estados Unidos sirve como advertencia. Si una potencia mundial decide restringir compras de tierra agrícola por parte de inversores extranjeros y trata el tema como seguridad nacional, México tendría que hacerse una pregunta básica: cuánta tierra estratégica está realmente bajo control nacional y cuánta ya se ha desplazado, directa o indirectamente, hacia otros intereses.
El problema no se limita a la propiedad formal. También están las concesiones, la minería, los monocultivos y las cadenas agroindustriales. Hay territorios donde la tierra se usa o se compromete sin que necesariamente cambie de dueño en el papel. Esto complica todavía más el panorama, porque el control real no siempre aparece en los registros agrarios.
El monocultivo acelera varias tensiones. Cuando una región se especializa en un solo producto, como el aguacate o la caña, el valor de la tierra sube, los pequeños productores reciben presión para vender o rentar y la diversidad productiva se debilita. Al principio puede parecer una oportunidad económica; con el tiempo, puede convertirse en dependencia. Una región queda atada a un cultivo, un precio, una plaga, una demanda internacional y una cadena comercial que no siempre reparte valor de forma justa.
Por eso, la salida no puede reducirse a defender la tierra como símbolo. La defensa real necesita organización productiva. Los ejidos y pequeños productores tienen herramientas legales para trabajar de forma conjunta: parcelas en común, arrendamientos formales, proyectos colectivos, invernaderos compartidos, agroindustria local y esquemas de negociación conjunta. El problema es que esas herramientas no funcionan solas.
La autonomía ejidal abrió posibilidades importantes, pero la autonomía sin organización no resuelve nada. Una asamblea puede tener capacidad de decisión, pero si no hay liderazgo, visión productiva y reglas claras, la tierra sigue fragmentada y el productor sigue aislado. La organización no debe verse como discurso romántico, sino como una estrategia concreta para ganar escala, negociar mejor, reducir costos y capturar más valor.
México no necesita discutir únicamente quién tiene la tierra. Necesita discutir quién puede producir en ella, con qué condiciones, bajo qué reglas y para beneficio de quién. La pregunta agraria se volvió productiva, financiera, territorial y geopolítica.
La Reforma Agraria resolvió una injusticia histórica, pero no resolvió el futuro económico del campo. Dio acceso a la tierra, pero no garantizó crédito, agua, tecnología, caminos, mercados ni organización suficiente. Ahí está el pendiente principal. El campo mexicano no está en crisis por falta absoluta de tierra, sino por falta de condiciones para que esa tierra genere vida, ingresos y soberanía productiva.
El desafío actual es defender que la tierra productiva no termine convertida únicamente en activo financiero. Para lograrlo, hace falta fortalecer a quienes la trabajan, pero también ayudarlos a organizarse, invertir, negociar y producir con mayor capacidad. La tierra sigue siendo importante; lo decisivo ahora es que pueda sostener a quienes dependen de ella.
