El uso de plaguicidas sostiene gran parte de la producción agrícola moderna, pero también abre una conversación incómoda sobre toxicidad, riesgos sanitarios y decisiones regulatorias. A partir de información presentada por Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se examina qué sustancias siguen utilizándose en México pese a su prohibición internacional.
En este análisis aparecen 42 plaguicidas altamente peligrosos que continúan presentes en el país. A través de acuerdos internacionales como Convenio de Rotterdam, Protocolo de Montreal y Convenio de Estocolmo, se intenta reducir su uso. Sin embargo, la dependencia agrícola, el control de plagas y la seguridad alimentaria complican su eliminación inmediata.
El uso de plaguicidas forma parte del funcionamiento cotidiano de la agricultura moderna. Controlar insectos, enfermedades y malezas permite proteger cultivos que tienen gran valor económico. Sin estas herramientas químicas sería difícil mantener los niveles de producción actuales, especialmente en sistemas intensivos donde los cultivos ocupan grandes extensiones y enfrentan presión constante de organismos dañinos.
Sin embargo, junto con esa utilidad aparece un problema importante: muchos de los productos que se emplean tienen niveles de toxicidad elevados, con efectos potenciales sobre la salud humana, los ecosistemas y la calidad de los alimentos. Por esa razón distintos organismos internacionales y gobiernos han impulsado restricciones, prohibiciones o controles más estrictos sobre ciertas sustancias.
Durante el periodo comprendido entre 2010 y 2019 se registró una importación cercana a 234 mil toneladas de plaguicidas en México. Una parte considerable de estos productos provino de China y Estados Unidos, que funcionan como los principales proveedores de ingredientes activos para el mercado nacional. Este volumen revela la magnitud del papel que desempeñan los agroquímicos dentro del sistema productivo.
A pesar de que su uso es común, diferentes evaluaciones han identificado compuestos particularmente peligrosos. El análisis realizado por Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático identificó 42 plaguicidas altamente tóxicos que continúan utilizándose en el país aunque están prohibidos en numerosos territorios del mundo.
Uno de los casos más conocidos es el endosulfán, clasificado como altamente peligroso por criterios de la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Esta sustancia ha sido prohibida en 75 países debido a sus efectos sobre la salud y el ambiente. Durante años fue utilizado para el control de insectos en distintos cultivos.
Otro producto ampliamente conocido es el DDT, un insecticida histórico que llegó a utilizarse de forma masiva durante el siglo XX. Con el tiempo se comprobó su persistencia en el ambiente y su acumulación en organismos vivos. Como consecuencia, actualmente se encuentra prohibido en 71 países.
También aparece el captafol, prohibido en 64 países. Aunque no se registraron movimientos comerciales recientes en aduanas mexicanas durante el periodo analizado, se considera probable que todavía existan inventarios disponibles que siguen utilizándose en algunas zonas agrícolas.
El pentaclorofenol ocupa otro lugar dentro de esta lista. Su prohibición en más de 60 países se debe a sus efectos tóxicos y a su persistencia ambiental. En la misma clasificación aparecen sustancias como monocrotofos, paratión metílico, aldicarb, carbofurán, fosfamidón y metamidofos, todos ellos asociados con riesgos elevados para la salud humana.
Entre los herbicidas, uno de los productos más conocidos es paraquat, utilizado para el control de malezas en diferentes sistemas agrícolas. A pesar de su eficacia, se encuentra prohibido en 38 países debido a su toxicidad aguda.
Otro caso relevante es el bromuro de metilo, que se empleó ampliamente para la desinfección de suelos antes de establecer plantaciones. Este compuesto ha sido restringido en numerosos lugares porque puede contribuir al deterioro de la capa de ozono.
La lista completa incluye además sustancias como atracina, terbufos, metidatión, acefate, diclorfós, carbaryl, benomilo, vinclozolin, simazina y otros compuestos que, aunque siguen presentes en algunos sistemas agrícolas, enfrentan restricciones en distintos países.
En noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que estableció la prohibición de endosulfán y DDT en México. A partir de esa medida, estas sustancias no deberían ingresar al país mediante importaciones. La decisión representa uno de los pasos más visibles dentro del proceso de reducción de plaguicidas altamente peligrosos.
Aun así, el panorama muestra que varias de las sustancias más importadas pertenecen precisamente a la categoría de alta toxicidad. Entre los productos con mayor volumen de importación aparecen paraquat, atracina, metamidofos, cloropicrina y terbufos.
El debate sobre los plaguicidas también incluye el caso del glifosato, uno de los herbicidas más utilizados para el control de malezas. Durante el mismo periodo analizado se registraron 179 mil toneladas importadas de este ingrediente activo. Su presencia en el mercado agrícola ha generado discusiones intensas sobre sus efectos ambientales y sanitarios.
Las autoridades ambientales han planteado la posibilidad de eliminar gradualmente el uso de glifosato. El objetivo es sustituirlo por alternativas menos riesgosas y promover prácticas de manejo que reduzcan la dependencia de herbicidas químicos.
En este contexto adquieren relevancia diversos acuerdos internacionales orientados a regular sustancias peligrosas. Uno de ellos es el Convenio de Rotterdam, que promueve la responsabilidad compartida entre países exportadores e importadores de productos químicos potencialmente peligrosos.
También aparece el Protocolo de Montreal, conocido por sus acciones para reducir sustancias que afectan la capa de ozono. Aunque su enfoque principal no son los plaguicidas, algunas de las sustancias utilizadas en agricultura se encuentran relacionadas con este problema ambiental.
Otro instrumento importante es el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, cuyo objetivo es restringir o eliminar compuestos que pueden permanecer durante largos periodos en el ambiente y acumularse en organismos vivos.
México forma parte de estos acuerdos internacionales. Esto implica que el país debe avanzar gradualmente hacia una reducción del uso de plaguicidas altamente peligrosos, además de fortalecer los controles sobre su manejo, comercialización y disposición final.
El problema no se limita únicamente a la toxicidad intrínseca de los compuestos. Una parte importante del riesgo proviene del uso incorrecto o indiscriminado de los productos. En muchos casos no se respetan las dosis recomendadas, el número de aplicaciones o los periodos de seguridad antes de la cosecha.
También es frecuente que no se sigan los procedimientos adecuados para el manejo de envases. Prácticas como el triple lavado, el almacenamiento en contenedores especializados o la entrega en centros de acopio no siempre se realizan de forma adecuada en campo.
Estas fallas aumentan la exposición de trabajadores agrícolas, contaminan suelos y cuerpos de agua, y generan problemas ambientales que pueden persistir durante largos periodos.
Al mismo tiempo, eliminar los plaguicidas de manera inmediata tampoco resulta sencillo. En muchas regiones agrícolas predominan sistemas de monocultivo, donde grandes superficies se dedican a una sola especie vegetal. Estas condiciones favorecen la aparición y propagación de plagas y enfermedades.
Cuando varios productores comparten una misma zona de producción, el manejo sanitario depende de la coordinación entre todos. Si algunos aplican controles y otros no, las plagas pueden desplazarse entre parcelas y volver a infestar áreas donde ya habían sido controladas.
En ese contexto, los plaguicidas se utilizan como una herramienta rápida para enfrentar brotes inesperados. Aunque existen alternativas como la rotación de cultivos, el control biológico o las estrategias preventivas, su implementación requiere organización colectiva y planificación.
Por esa razón el desafío no consiste únicamente en prohibir sustancias, sino en avanzar hacia un manejo más responsable de los plaguicidas. Esto implica mejorar la capacitación de los productores, promover tecnologías de aplicación más seguras y fortalecer los sistemas de regulación.
Reducir los riesgos asociados con estos productos requiere trabajo conjunto entre agricultores, autoridades, investigadores y empresas del sector. La meta es mantener la productividad agrícola mientras se disminuyen los impactos negativos sobre la salud humana y el ambiente.
La discusión sobre los plaguicidas muestra que la agricultura enfrenta un equilibrio complejo. Por un lado está la necesidad de producir alimentos suficientes. Por otro, la obligación de proteger los ecosistemas y a las personas que trabajan o viven cerca de las zonas agrícolas.
El camino más viable consiste en avanzar gradualmente hacia prácticas agrícolas más seguras, donde el uso de plaguicidas se vuelva cada vez más selectivo, responsable y limitado a situaciones realmente necesarias.