El robo de agua en la agricultura se ha convertido en un problema global silencioso que afecta producción, competencia y sostenibilidad. Investigaciones recientes del Center for Global Food and Resource Economics de la Universidad de Adelaide muestran cómo la extracción ilegal del recurso hídrico crece mientras la escasez de agua aumenta en distintos sistemas agrícolas.
El trabajo liderado por Adam Locke expone tres casos internacionales que revelan la dimensión real del problema: Estados Unidos, España y Australia. El análisis muestra cómo la falta de control institucional, la presión productiva y la escasez impulsan prácticas ilegales que transforman el acceso al agua en un factor decisivo dentro del negocio agrícola.
El tema central gira alrededor de un fenómeno que rara vez aparece en la conversación agrícola global: el robo de agua. A partir de investigaciones recientes realizadas por Adam Locke, del Center for Global Food and Resource Economics en la Universidad de Adelaide, se analizan las causas y dimensiones de esta práctica en distintas regiones del mundo. El punto de partida es reconocer que el problema existe, aunque durante mucho tiempo haya permanecido fuera del radar de investigadores, autoridades y productores.
Uno de los primeros aspectos que se destaca es la escasez de datos confiables. La falta de información sistemática impide medir con claridad cuánto agua se roba, quién lo hace y cuál es el impacto real sobre los sistemas agrícolas. Sin estadísticas sólidas, el fenómeno queda invisibilizado y resulta difícil diseñar políticas públicas eficaces para enfrentarlo.
Aun con esta falta de información, algunas estimaciones permiten dimensionar la gravedad. De acuerdo con datos citados por Interpol, el robo de agua podría representar entre 30 y 50 % del suministro mundial cada año. Esta cifra ilustra que no se trata de un fenómeno marginal ni aislado, sino de una práctica extendida en diferentes contextos agrícolas.
El aumento de este problema está estrechamente relacionado con dos factores. El primero es el incremento de la escasez hídrica, que se vuelve más intenso por el cambio climático y la presión sobre los recursos naturales. El segundo es la estructura de incentivos que enfrentan muchos agricultores. Cuando el agua es escasa pero indispensable para mantener la producción, el beneficio de obtenerla puede superar cualquier riesgo de sanción.
En muchos lugares del mundo las penalizaciones son mínimas o prácticamente inexistentes. Esto genera un escenario en el que el costo de robar agua es muy bajo comparado con las ganancias que puede generar mantener un cultivo en producción. Bajo estas condiciones, el problema deja de ser únicamente ambiental y se convierte también en un asunto económico.
El análisis incluye tres estudios de caso para ilustrar cómo funciona este fenómeno en distintos contextos: Estados Unidos, España y Australia. Cada uno presenta características propias, pero todos comparten un patrón común: la debilidad en la vigilancia y aplicación de la ley.
El caso de España resulta particularmente revelador. En varias regiones del país, especialmente en zonas agrícolas del Mediterráneo, el número de pozos ilegales ha alcanzado dimensiones muy grandes. Estos pozos se conocen popularmente como “pozos luneros”, porque suelen perforarse durante la noche para evitar la supervisión de las autoridades.
Durante muchos años el tema permaneció fuera del debate público. Sin embargo, la situación cambió en 2019 cuando un niño cayó en uno de estos pozos ilegales y murió. Este hecho generó una atención mediática que permitió visibilizar la magnitud del problema. A partir de ese momento se estimó que en España podrían existir alrededor de 500 000 pozos ilegales.
El impacto sobre la agricultura es directo. En el caso de la producción de berries, por ejemplo, existe un contraste significativo entre la superficie cultivada y la superficie que tiene acceso legal al agua. Se calcula que existen cerca de 11 000 hectáreas dedicadas a este cultivo, pero únicamente unas 5 000 cuentan con permisos de riego.
Esto significa que una parte importante de la producción depende de fuentes de agua que no están autorizadas. La consecuencia inmediata es un problema de competencia. Los productores que cumplen la normativa deben pagar por el acceso al recurso hídrico, mientras que quienes lo extraen ilegalmente pueden producir al mismo costo y vender al mismo precio.
En algunos casos, los agricultores legales llegan a pagar hasta 60 000 euros por hectárea para garantizar el acceso al agua. Mientras tanto, quienes utilizan fuentes ilegales no enfrentan ese gasto. Esta diferencia crea una ventaja económica considerable que altera el funcionamiento del mercado agrícola.
El fenómeno no se limita a España. En otras regiones de Europa también han surgido conflictos relacionados con la extracción de agua. En Alemania, por ejemplo, algunos periodos de sequía han impulsado el uso intensivo de ríos y pozos para mantener la producción agrícola.
En este país la legislación establece que extraer agua de un río puede considerarse ilegal si no se cuenta con una bomba autorizada. Sin embargo, demostrar cuánta agua se ha extraído resulta complicado. La falta de pruebas dificulta aplicar sanciones, lo que termina fomentando prácticas ilegales cuando los agricultores enfrentan la necesidad urgente de agua para sus cultivos.
Estos ejemplos muestran que el problema no es exclusivo de países en desarrollo. Incluso en economías con instituciones sólidas y sistemas regulatorios establecidos, el control del uso del agua presenta limitaciones importantes.
A partir de estos casos surge una reflexión inevitable sobre la situación en otras regiones agrícolas, particularmente en América Latina. En muchos países el tema aún no se discute de manera abierta, a pesar de que existen indicios de problemas similares.
México aparece como un ejemplo claro. En distintas zonas agrícolas se conocen casos de pozos ilegales y extracción no autorizada, pero no existe un diagnóstico nacional preciso que permita dimensionar el fenómeno. La ausencia de registros detallados impide saber cuántos pozos operan con permiso, cuántos lo hacen sin autorización y qué volumen de agua se está utilizando realmente.
Esta falta de información genera una situación de incertidumbre. Sin datos confiables, es imposible evaluar la eficiencia del uso del agua en la agricultura o diseñar estrategias para mejorar su gestión. Además, la opacidad dificulta identificar responsabilidades y aplicar medidas correctivas.
El problema tiene varias consecuencias. La primera es ambiental. La extracción excesiva de agua puede reducir el nivel de acuíferos, afectar ecosistemas y agravar la escasez hídrica. La segunda es económica. Cuando algunos productores utilizan agua sin pagar por ella, se genera una competencia desigual dentro del mercado agrícola.
Los agricultores que cumplen con las regulaciones enfrentan costos adicionales relacionados con permisos, infraestructura y tarifas. Quienes extraen agua ilegalmente evitan estos gastos y pueden vender su producción en las mismas condiciones comerciales. El resultado es una distorsión del mercado que castiga a quienes operan dentro de la legalidad.
Ante este panorama, surge la pregunta sobre posibles soluciones. Una de las ideas planteadas es la creación de certificaciones hídricas que obliguen a demostrar el origen del agua utilizada en la producción agrícola. Bajo este esquema, los agricultores tendrían que acreditar que el recurso proviene de fuentes legales para poder comercializar sus productos.
Un sistema de este tipo podría generar incentivos para mejorar la transparencia en el uso del agua. También permitiría a compradores, distribuidores y consumidores identificar productos provenientes de sistemas agrícolas responsables en el manejo del recurso hídrico.
Sin embargo, cualquier solución dependerá de un elemento fundamental: la disponibilidad de información. Mientras no existan bases de datos claras sobre el uso del agua en la agricultura, será difícil evaluar el alcance real del problema.
El robo de agua sigue siendo un tema poco discutido dentro del sector agrícola, a pesar de que podría representar una problemática global de gran escala. El desafío principal consiste en visibilizar el fenómeno, generar datos confiables y fortalecer los mecanismos de control para asegurar un uso más equitativo y sostenible del recurso hídrico.