La discusión sobre la prohibición de plaguicidas, el impacto en la producción agrícola y la presión por migrar hacia bioinsumos está marcando decisiones clave en México. En este contexto, Annalilia Rivera impulsa cambios que obligan a replantear cómo se protege la sanidad vegetal sin comprometer el abasto de alimentos.
El debate no es técnico únicamente; involucra a CNA, AMPAC y diversos actores productivos que advierten sobre efectos inmediatos. La clave está en entender el equilibrio entre seguridad alimentaria, sustentabilidad y la viabilidad real de sustituir insumos sin provocar caídas severas en el rendimiento agrícola.
El punto de partida es claro: existe una iniciativa para prohibir plaguicidas considerados altamente peligrosos en México. Esta propuesta plantea sustituirlos progresivamente por alternativas como bioinsumos. La intención es comprensible, sobre todo cuando se considera el impacto ambiental y en salud que pueden generar estos productos. Sin embargo, al analizar el contexto productivo, surgen implicaciones que no se pueden ignorar.
Diversos actores del sector agrícola han reaccionado con preocupación. Organizaciones, productores y representantes de cadenas productivas coinciden en un mismo mensaje: una prohibición abrupta podría generar consecuencias severas. Se habla incluso de una caída de entre 30% y 40% en los rendimientos, lo que implicaría menor producción nacional, incremento en precios de alimentos y una mayor dependencia de importaciones.
Esto obliga a hacer una pausa y analizar el fondo del asunto. La idea de reducir o eliminar plaguicidas peligrosos resulta atractiva en términos generales. Nadie cuestiona que lo ideal sería producir alimentos sin depender de agroquímicos. Pero la realidad productiva actual es distinta. Los sistemas agrícolas modernos se han construido durante décadas bajo esquemas donde estos insumos juegan un papel clave.
El origen de esta dependencia se remonta a la Revolución Verde, un proceso que permitió incrementar significativamente la producción agrícola global. Sin estos avances, muchas regiones habrían enfrentado crisis alimentarias graves. Los fertilizantes y plaguicidas fueron herramientas determinantes para alcanzar esos niveles de productividad.
Eso no significa que el modelo sea perfecto. También es cierto que en muchas zonas agrícolas existe un uso excesivo de plaguicidas. En algunos casos se aplican sin criterios técnicos adecuados, sin considerar alternativas o sin cumplir protocolos básicos de seguridad. Aquí es donde surge la necesidad de regulación y mejora, pero no necesariamente de eliminación inmediata.
Un ejemplo reciente ayuda a dimensionar el riesgo de decisiones drásticas. El caso de Sri Lanka mostró lo que puede ocurrir cuando se elimina de golpe el uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos. En pocos meses, la producción agrícola colapsó, generando una crisis económica y alimentaria. Esto evidencia que los sistemas productivos no están preparados para transiciones abruptas.
En México, el escenario podría ser aún más complejo debido a la escala y diversidad agrícola del país. Regiones altamente productivas como las dedicadas a berries o aguacate enfrentan presiones constantes de plagas y enfermedades. En estos contextos, eliminar herramientas sin ofrecer sustitutos eficaces deja al productor en una situación vulnerable.
Aquí aparece una idea central: el problema no es únicamente el producto, sino su uso. Un plaguicida puede ser una herramienta útil o perjudicial dependiendo de cómo se utilice. La comparación con una herramienta neutral ayuda a entenderlo. No es buena ni mala por sí misma; el impacto depende del manejo.
Cuando se emplea correctamente, un plaguicida puede salvar una cosecha completa, proteger inversiones familiares y asegurar ingresos. Pero cuando se utiliza de forma irresponsable, genera contaminación, riesgos a la salud y daños ambientales. Por eso, el enfoque debería centrarse en mejorar prácticas, capacitación y supervisión.
Uno de los aspectos más críticos es la seguridad del aplicador. En campo es común observar que no se utiliza equipo de protección adecuado. Esto expone directamente a las personas a sustancias peligrosas, generando efectos acumulativos en su salud. Este problema no se resuelve prohibiendo productos, sino fortaleciendo la cultura de seguridad.
También es importante diferenciar escalas de producción. En sistemas pequeños o de autoconsumo, es más viable implementar prácticas orgánicas o controles manuales. Pero en explotaciones de gran escala, donde se manejan decenas o cientos de hectáreas, estas alternativas no siempre son prácticas ni económicamente sostenibles.
Eliminar plaguicidas sin considerar estas diferencias puede llevar a decisiones desconectadas de la realidad productiva. El productor necesita herramientas eficaces para controlar plagas en tiempo y forma. Si estas herramientas desaparecen sin sustitutos reales, el impacto es inmediato.
Por eso, la transición debe ser gradual. Primero se deben identificar los plaguicidas más peligrosos y priorizar su sustitución. Después, invertir en investigación y desarrollo de alternativas viables. Solo cuando estas alternativas estén disponibles y probadas, se puede avanzar en la eliminación de los productos originales.
Este enfoque requiere recursos, tiempo y coordinación entre gobierno, academia y sector productivo. No es un proceso rápido, pero es el único que reduce riesgos. Intentar acelerar esta transición sin bases sólidas puede generar más problemas que soluciones.
Otro punto relevante es el concepto de equilibrio. La agricultura no puede moverse hacia extremos. Ni el modelo completamente químico ni el completamente orgánico resuelven por sí solos todos los desafíos. Cada sistema tiene ventajas y limitaciones, y la clave está en combinarlos de manera estratégica.
En este sentido, el manejo integrado de plagas aparece como una alternativa intermedia. Combina prácticas culturales, biológicas y químicas para reducir la dependencia de plaguicidas sin eliminarlos completamente. Este tipo de enfoque permite avanzar hacia sistemas más sostenibles sin comprometer la productividad.
También es necesario reconocer que muchos productores no aplican plaguicidas por elección, sino por necesidad. Las plagas pueden destruir cultivos completos en poco tiempo. Sin herramientas eficaces, el riesgo económico es demasiado alto.
La discusión, entonces, no debe centrarse únicamente en prohibir o no prohibir. Debe enfocarse en cómo transformar el sistema productivo de manera ordenada. Esto implica mejorar regulación, promover buenas prácticas, fortalecer capacitación y fomentar innovación tecnológica.
Si se logra este equilibrio, es posible reducir el impacto negativo de los plaguicidas sin comprometer la producción. Pero si se toman decisiones precipitadas, el resultado puede ser una crisis que afecte tanto a productores como a consumidores.
El reto es grande porque involucra múltiples variables: salud, medio ambiente, economía y seguridad alimentaria. No se trata de elegir una sobre otra, sino de integrarlas en una estrategia coherente.
La conclusión es clara: avanzar hacia una agricultura más sustentable es necesario, pero debe hacerse con base en evidencia, planificación y gradualidad. De lo contrario, las consecuencias pueden ser contraproducentes.
