El Congreso de la Unión de México (el poder legislativo federal) clasificó a los jornaleros agrícolas como trabajadores esenciales para la seguridad y soberanía alimentaria del país, lo que se considera un avance histórico en materia de legislación agrícola, beneficiando a 2.3 millones de personas.
La votación ocurrió el 13 de diciembre pasado, y su validación implica reformas a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. Ahora todos los jornaleros, contratados por temporada o por tiempo indeterminado, deben gozar de todos sus derechos laborales.
En este episodio abordo un tema que durante años se dio por sentado en el agro latinoamericano: si los jornaleros agrícolas son o no trabajadores esenciales. La respuesta intuitiva parecería obvia, pero la realidad legal ha sido muy distinta. En muchos países de la región, quienes sostienen la producción de alimentos no han sido reconocidos como esenciales ante la ley. En México, esto comenzó a cambiar recientemente, y ese cambio tiene implicaciones profundas para el sector agrícola.
El punto de partida es una decisión del Congreso de la Unión en México, que clasificó a los jornaleros agrícolas como trabajadores esenciales para la seguridad y la soberanía alimentaria del país. La votación se aprobó el 13 de diciembre de 2023. Aunque el proceso administrativo todavía requiere ajustes en leyes como la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, la iniciativa ya está validada. No es un gesto simbólico: es un cambio estructural que impacta a millones de personas.
Según datos del INEGI, en México hay alrededor de 2.3 millones de jornaleros agrícolas. Esa cifra no es estática. El trabajo en el campo es volátil. Muchas personas entran y salen del sector dependiendo de las oportunidades en otras industrias. Cuando hay empleo en construcción, manufactura o servicios, el campo suele perder mano de obra. Cuando esas opciones se cierran, el agro vuelve a ser refugio temporal. Aun así, estamos hablando de millones de personas que históricamente han operado en condiciones de informalidad o con derechos laborales incompletos.
Desde una perspectiva de justicia, este reconocimiento es uno de los avances legislativos más relevantes en la historia reciente del agro mexicano. No se trata de igualar realidades que son distintas, sino de emparejar el terreno desde el punto de vista legal. Las desigualdades entre el campo y la ciudad siguen siendo evidentes y son una de las razones principales por las que continúa la migración rural-urbana, un fenómeno documentado por organismos como el Banco Mundial en prácticamente todos los países.
Reconocer a los jornaleros como trabajadores esenciales implica algo muy concreto: quienes trabajen por temporada o de manera indefinida deben gozar de todos los derechos laborales. Esto incluye vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y acceso a mecanismos básicos de protección social. Antes de esta reforma, en la práctica, gran parte de los jornaleros no tenía acceso real a estos derechos, aunque en teoría existieran disposiciones generales en la ley.
El trabajo agrícola es físicamente demandante y se realiza, en la mayoría de los casos, a la intemperie o en condiciones extremas. Quien ha trabajado en un invernadero en mayo sabe que el riesgo de deshidratación no es una exageración. Garantizar derechos laborales no elimina estas condiciones, pero sí ofrece un mínimo de respaldo social a un grupo que ha sido históricamente marginado.
La protección social en México no es robusta, hay que decirlo con claridad. Las instituciones suelen ser lentas, burocráticas y poco resolutivas. Aun así, pasar de no tener nada a contar con un marco legal que reconozca derechos es un avance. No resuelve todos los problemas, pero cambia las reglas del juego.
Ahora bien, este reconocimiento no ocurre en el vacío. Tiene consecuencias directas para las empresas de producción agrícola. Aquí es donde el análisis se vuelve incómodo para algunos, pero necesario para entender el panorama completo. Incorporar derechos laborales formales implica un aumento en los costos operativos. Gastos que antes no existían o no se cubrían ahora deben integrarse a la estructura financiera de las empresas.
Pensemos en un ejemplo común: una empresa agrícola que contrata cuadrillas temporales para la cosecha. Tradicionalmente, estas personas recibían un pago diario, sin prestaciones adicionales. La rentabilidad del negocio se calculaba considerando ese esquema. Con la nueva legislación, esa empresa deberá contemplar aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, incluso para trabajadores temporales. Esto representa un gasto nuevo que impacta directamente en la utilidad.
La rentabilidad de una empresa agrícola depende de una ecuación básica: ingresos menos gastos. Si los gastos aumentan y el precio de venta no se ajusta automáticamente, la presión recae sobre la eficiencia. No hay otra salida. La empresa tendrá que producir mejor, con menos desperdicios, menos fugas de capital y mejor uso del tiempo y los recursos.
Este punto es clave. La eficiencia operativa deja de ser opcional. Desde la selección de semillas hasta la cosecha, pasando por labores culturales, logística, transporte y comercialización, todo entra en revisión. Muchas empresas saben que existen ineficiencias, pero mientras la rentabilidad ha sido aceptable, no siempre se les ha dado prioridad. Un nuevo gasto obliga a mirar esos detalles con lupa.
Desde el punto de vista del análisis FODA, esta reforma se puede leer como una amenaza para las empresas, en el sentido técnico del término: un factor externo que no controlan. No es una decisión que haya nacido del productor, sino de una política pública. Sin embargo, esa amenaza también es una oportunidad indirecta para profesionalizar operaciones, mejorar procesos y construir modelos de negocio más sólidos y sostenibles.
No todas las empresas lo lograrán. Algunas tendrán serias dificultades para adaptarse. El agro no es homogéneo y las capacidades financieras y administrativas varían mucho entre productores. Pero el cambio también corrige una deuda histórica con quienes sostienen la producción de alimentos. El equilibrio no es perfecto, pero es necesario.
Al final, el reconocimiento de los jornaleros como trabajadores esenciales redefine la conversación sobre el valor real del trabajo agrícola. No sólo en términos productivos, sino sociales y económicos. Obliga a repensar la rentabilidad, la eficiencia y la responsabilidad empresarial en el campo. Y, sobre todo, pone en el centro a las personas que hacen posible que los alimentos lleguen a la mesa.
Este episodio no busca idealizar el cambio ni minimizar sus retos. Busca entenderlo en su dimensión completa. El agro mexicano entra en una nueva etapa, y adaptarse no será sencillo. Pero ignorar el cambio ya no es una opción.