En 2020 el presidente de México emitió un decreto para prohibir de forma gradual el uso de glifosato en el país, además, claro, de prohibir la siembra de maíz transgénico. La fecha para la restricción total del glifosato se estableció como el 31 de enero de este año, y luego se postergó al 1 de abril.
Sin embargo, en un comunicado oficial el gobierno dijo que no se han cumplido las condiciones establecidas para la prohibición total del glifosato, por lo que se puede seguir utilizando, sin dar una nueva fecha para su prohibición, lo que indica que seguramente habrá glifosato para rato en el agro nacional.
El episodio parte de un hecho concreto: el decreto emitido en 2020 por el gobierno de México para prohibir de manera gradual el uso de glifosato. La fecha límite para su eliminación total se fue recorriendo hasta abril de este año, pero un comunicado oficial reciente confirmó que no se han cumplido las condiciones necesarias para su prohibición, por lo que el glifosato puede seguir utilizándose sin que exista una nueva fecha definida. Esto deja claro que el ingrediente activo seguirá presente en el agro nacional por tiempo indefinido.
A partir de ahí se plantea la pregunta central: por qué, después de años de presión política y social, el glifosato no ha sido prohibido. La respuesta no se queda en el plano discursivo. Se construye desde la agronomía, la economía y la evidencia científica.
Para entender el fondo del problema, primero se explica qué es el glifosato y por qué se volvió tan importante. Se trata de un herbicida sistémico no selectivo, eficaz contra una amplia gama de malezas, tanto anuales como perennes, de hoja ancha y gramíneas. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la enzima EPSP sintasa, esencial para la síntesis de aminoácidos aromáticos en las plantas. Al bloquear esta vía, las plantas no pueden producir proteínas vitales y mueren.
Su relevancia no se limita a su eficacia. El glifosato destaca por su relación costo-beneficio, por su facilidad de aplicación y por un perfil ambiental que, comparado con otros herbicidas, resulta relativamente favorable. Se fija al suelo, es degradado por microorganismos y presenta bajo riesgo de lixiviación hacia cuerpos de agua. Además, ha sido clave en sistemas de producción con cultivos transgénicos resistentes, permitiendo un control eficiente de malezas sin afectar el cultivo y reduciendo la necesidad de labranza, con beneficios para la conservación del suelo.
Por estas razones, el glifosato no solo se utiliza en la agricultura. También es empleado por gobiernos para el manejo de áreas verdes urbanas y espacios públicos. Su versatilidad lo convirtió en una herramienta prácticamente indispensable.
Cuando se aborda la postura del gobierno mexicano, el argumento central es claro: no existen sustitutos viables. No se trata de una falta de voluntad política, sino de una limitación técnica y económica. La dificultad para encontrar alternativas eficaces no es exclusiva de México; es un problema global. El propio gobierno reconoce que la prioridad es no comprometer la producción agrícola ni la soberanía alimentaria, y que, en ausencia de opciones funcionales, eliminar el glifosato tendría consecuencias graves.
El comunicado oficial señala que la búsqueda de alternativas continúa, con énfasis en productos de menor impacto ambiental y prácticas agroecológicas, pero admite implícitamente que hoy no hay soluciones que cumplan con los requisitos agronómicos, económicos y logísticos que demanda el campo.
A partir de aquí, el episodio entra al terreno más polémico: la evidencia científica sobre los riesgos del glifosato. Se revisan investigaciones ampliamente citadas en el debate público. Una de ellas recuerda que el glifosato, introducido en 1974, se convirtió en el herbicida más utilizado del mundo debido a su rápida degradación, su baja toxicidad relativa para organismos no objetivo y su eficiencia.
Sin embargo, también se mencionan los señalamientos sobre posibles efectos adversos en la salud humana, como cáncer, alteraciones endocrinas y otros padecimientos. La reclasificación del glifosato en 2015 como “probablemente cancerígeno” por la IARC generó un fuerte impacto mediático. Aquí se hace una aclaración fundamental: el grupo 2A incluye elementos cotidianos como el consumo de carne roja o bebidas muy calientes, así como exposiciones laborales comunes. La clasificación no implica causalidad directa, sino un nivel de evidencia limitado.
Además, se destaca una inconsistencia importante en el debate público: otros plaguicidas clasificados en el mismo grupo, como el malatión, no enfrentan campañas de prohibición comparables, pese a su uso extendido.
Estudios epidemiológicos de largo plazo en agricultores expuestos al glifosato en Estados Unidos no han encontrado correlaciones claras con cáncer u otros daños genotóxicos. Un punto clave que emerge de varias investigaciones es que los efectos adversos observados podrían no atribuirse al glifosato en sí, sino a los surfactantes y coadyuvantes presentes en las formulaciones comerciales. En particular, se menciona el POEA, utilizado en productos como Roundup, como posible responsable de impactos negativos en salud y ambiente.
Este matiz es central: el debate suele centrarse en el ingrediente activo, pero rara vez se analizan a fondo los componentes adicionales de las formulaciones. Esto abre una discusión más amplia sobre cómo se evalúan los riesgos de los plaguicidas en general.
El episodio también aborda el problema de la resistencia. Tras décadas de uso intensivo, se han documentado alrededor de 38 especies de malezas resistentes al glifosato. Este fenómeno no invalida su utilidad, pero sí obliga a replantear estrategias de manejo integrado.
Cuando se analizan las alternativas químicas, el panorama se vuelve aún más complejo. Estudios europeos identifican tres posibles sustitutos: paracuat, glufosinato y saflufenacil. Ninguno resulta realmente viable. El paracuat es extremadamente tóxico, con efectos severos en pulmones, hígado y riñones, y con una capacidad muy limitada del cuerpo humano para eliminarlo. El glufosinato es más caro y puede interferir con el metabolismo del nitrógeno en humanos, con riesgos neurológicos graves. El saflufenacil muestra potencial, pero aún carece de evidencia suficiente para considerarse una solución generalizada.
También se mencionan alternativas no químicas: labranza mecánica, control manual, cultivos de cobertura, uso de fuego, vapor o agua caliente. Todas presentan limitaciones prácticas, costos elevados o impactos ambientales indirectos. Eliminar el glifosato implicaría sistemas de manejo de malezas mucho más complejos y costosos, con mayor consumo de energía, mano de obra y emisiones.
Se explica entonces por qué el glifosato sigue siendo difícil de reemplazar. Su amplio espectro, su bajo costo y su compatibilidad con los sistemas agrícolas actuales lo hacen extremadamente eficiente. Cualquier alternativa debe igualar su eficacia sin elevar costos ni reducir rendimientos, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
Finalmente, se aclara un punto técnico esencial: el glifosato actúa sobre la ruta del shikimato, presente solo en plantas. Esta vía metabólica no existe en animales ni en humanos, lo que explica su relativo margen de seguridad cuando se usa conforme a las indicaciones. En comparación, muchos agroquímicos utilizados en México y América Latina presentan riesgos inmediatos mucho mayores, aunque no reciben la misma atención pública.
El cierre del episodio es directo. El debate sobre el glifosato es complejo y no admite decisiones simplistas. La prohibición total sin alternativas viables pondría en riesgo la producción agrícola. La búsqueda de sustitutos debe continuar, pero el hecho de que aún no existan refleja la magnitud del desafío. El glifosato no se mantiene por inercia política, sino porque, hasta hoy, no hay nada que cumpla su función de manera integral.