El debate sobre impuestos ambientales, uso de plaguicidas, agricultura moderna y política pública agrícola empieza a tomar fuerza cuando se analizan experiencias internacionales que ya intentaron resolver el problema. Casos como Dinamarca muestran que regular el uso de sustancias tóxicas puede cambiar la forma en que se produce alimento.
A partir de ejemplos aplicados en Europa y discusiones impulsadas por organizaciones como Organización Mundial de la Salud y empresas del sector agrícola como Netafim, surge una pregunta directa: ¿deberían pagar más quienes utilizan plaguicidas más tóxicos?, ¿podría un impuesto modificar el comportamiento del sector agrícola?
La producción agrícola moderna depende en gran medida del uso de plaguicidas. Sin ellos sería extremadamente difícil controlar plagas, enfermedades y malezas que afectan los cultivos. Sin embargo, también existe un problema evidente: el uso de estos productos se ha vuelto mucho más intensivo de lo necesario, generando consecuencias que ya comienzan a ser visibles en la salud humana y en los ecosistemas.
Parto de una idea clara: los plaguicidas son necesarios en el sistema agrícola actual, pero eso no significa que deban utilizarse sin límites. Cuando no existen incentivos ni sanciones para reducir su uso, la tendencia natural es aplicar más producto del que realmente se requiere. Esto ocurre en México y en muchos otros países.
Una parte del problema radica en la forma en que se ha abordado históricamente la regulación de estas sustancias. La estrategia más común ha sido prohibir ciertos productos cuando se demuestra que son extremadamente peligrosos. En teoría parece una buena medida, pero en la práctica resulta limitada. Mientras algunos productos se prohíben, otros con niveles de toxicidad similares continúan utilizándose.
México incluso participa en acuerdos internacionales relacionados con sustancias peligrosas. Por ejemplo, el país forma parte del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y también del Convenio de Rotterdam, enfocado en el comercio internacional de plaguicidas y químicos peligrosos. Aun así, en la práctica todavía se utilizan sustancias que ya han sido prohibidas en otros países.
Esto demuestra que prohibir sustancias específicas no necesariamente resuelve el problema de fondo. Lo que falta es un mecanismo que incentive la transición hacia productos menos dañinos. Aquí aparece una propuesta que ha generado debate en distintos países: aplicar un impuesto ambiental a los plaguicidas basado en su nivel de toxicidad.
La lógica detrás de esta idea es relativamente sencilla. Si un producto causa más daño potencial a la salud humana o al medio ambiente, debería pagar un impuesto mayor. Si el producto es menos tóxico, el impuesto sería menor o incluso inexistente.
Este enfoque se basa en dos principios económicos muy conocidos. El primero es quien contamina paga. El segundo es quien usa paga. Ambos buscan que el costo ambiental de una actividad quede reflejado en el precio del producto.
Varios países europeos ya han experimentado con este tipo de políticas. Entre ellos destacan Dinamarca, Suecia, Francia y Noruega. De todos estos casos, el ejemplo más estudiado es el de Dinamarca, donde las políticas para reducir el uso de plaguicidas comenzaron a desarrollarse desde la década de 1980.
En 1986 se implementó el primer plan nacional contra el uso excesivo de plaguicidas. La razón principal fue el incremento acelerado en la aplicación de estos productos y la disminución de la vida silvestre en zonas agrícolas.
Las primeras medidas fueron relativamente moderadas. Se promovió la asesoría técnica para agricultores y se impulsó la investigación sobre métodos de reducción del uso de plaguicidas. Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes. Durante el primer año el uso de estos productos no disminuyó; de hecho, aumentó.
Ante esta situación, se implementaron nuevas medidas. Se establecieron cursos obligatorios para aplicadores, registros detallados de aplicaciones en los campos y sistemas de inspecciones aleatorias. Estas acciones tuvieron cierto efecto, pero todavía estaban lejos de lograr el cambio esperado.
Fue entonces cuando el gobierno danés comenzó a aplicar una herramienta mucho más contundente: un impuesto específico sobre los plaguicidas.
Este impuesto comenzó a aplicarse en 1996 y se convirtió en uno de los instrumentos más importantes para reducir el uso de sustancias peligrosas. Inicialmente el impuesto se calculaba con base en el precio del producto, lo cual generó algunas críticas. Los plaguicidas más baratos, aunque fueran muy contaminantes, pagaban relativamente poco impuesto.
El sistema se corrigió en 2013. Desde entonces el impuesto se calcula según la nocividad del plaguicida, considerando su impacto potencial en la salud humana y en el medio ambiente. Este cambio mejoró significativamente la efectividad de la política.
La experiencia europea deja varias lecciones importantes.
La primera es que el impuesto debe ser proporcional al nivel de toxicidad del producto. De esta forma se crea un incentivo claro para desarrollar y utilizar sustancias menos dañinas.
La segunda es que el sistema de pago debe ser simple. Si el proceso es complicado, las empresas y los productores buscarán evadirlo. Por eso se requieren mecanismos administrativos claros y controles efectivos.
La tercera lección es probablemente la más importante: el dinero recaudado debe regresar al sector agrícola. Cuando los agricultores reciben apoyo en forma de subsidios, infraestructura o incentivos productivos, la aceptación del impuesto aumenta considerablemente.
Este punto ha sido clave en el caso europeo. Los ingresos generados por el impuesto se utilizan para apoyar prácticas agrícolas más sostenibles, financiar investigación y compensar parte de los costos adicionales que enfrentan los productores.
Si un esquema similar se implementara en México, también habría desafíos importantes. El primero es la necesidad de contar con un sistema confiable para clasificar los plaguicidas según su toxicidad.
En Europa se utiliza la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Este sistema evalúa los efectos de los plaguicidas sobre la salud humana. Aunque tiene reconocimiento internacional, también presenta limitaciones, ya que no siempre considera completamente el impacto ambiental.
Otro problema es la falta de estudios que permitan estimar el daño económico que generan los plaguicidas en el medio ambiente. Sin esa información resulta difícil establecer un valor adecuado para el impuesto.
Una propuesta inicial que algunos especialistas plantean consiste en utilizar el sistema de IVA como punto de partida. Actualmente los plaguicidas agrícolas están exentos de este impuesto. Una alternativa sería aplicar el 16% de IVA a los productos más tóxicos, reduciendo progresivamente la tasa para sustancias menos peligrosas hasta llegar incluso a cero.
Un impuesto de este tipo tendría consecuencias inevitables. La primera sería el aumento en los costos de producción agrícola. Si los agricultores pagan más por ciertos plaguicidas, es probable que parte de ese costo termine reflejándose en el precio final de los alimentos.
Este aumento sería más visible en cultivos que requieren aplicaciones intensivas de plaguicidas, como tomate o papa.
Para evitar impactos negativos en los consumidores, sería fundamental acompañar el impuesto con incentivos que faciliten la transición hacia prácticas agrícolas menos dependientes de sustancias químicas.
Aquí entra nuevamente el concepto de manejo integrado de plagas. La idea es que los plaguicidas se conviertan en una herramienta más dentro de un conjunto amplio de estrategias, que incluyan control biológico, manejo agronómico y monitoreo de plagas.
En la práctica, sin embargo, esto todavía no ocurre. En muchos sistemas agrícolas actuales los plaguicidas representan cerca del 90% de las herramientas utilizadas para controlar problemas fitosanitarios.
Cambiar esta situación requerirá algo más que un impuesto. También será necesario invertir en educación agrícola, investigación científica y desarrollo de tecnologías alternativas.
El objetivo final no es eliminar completamente los plaguicidas, sino reducir su uso excesivo y promover el desarrollo de soluciones menos dañinas. Si no se toman medidas, el riesgo es continuar acumulando impactos ambientales que podrían llegar a ser irreversibles.
Por esa razón la discusión sobre un impuesto a los plaguicidas no debería centrarse únicamente en la carga económica que representa. También debe analizarse como una herramienta para transformar gradualmente el sistema agrícola hacia uno más equilibrado.
La experiencia internacional demuestra que este tipo de políticas no funciona de inmediato. En el caso de Dinamarca se necesitaron décadas de ajustes, experimentación y aprendizaje. Sin embargo, también demuestra que los incentivos económicos pueden cambiar el comportamiento del sector agrícola.
La pregunta que queda abierta es si países como México estarán dispuestos a iniciar ese proceso antes de que el problema ambiental sea todavía mayor.