El uso excesivo de plaguicidas es un problema de grandes dimensiones, tanto en México como a nivel mundial, razón por la cual se está volviendo necesario regular su uso, en especial para evitar a toda costa el uso irracional de insecticidas, fungicidas y herbicidas.
Según la experiencia europea, el método más efectivo para disminuir el uso irracional de plaguicidas en la agricultura, especialmente aquellos que son más tóxicos, es aplicar un impuesto a los plaguicidas de acuerdo a su toxicidad, tanto para la salud humana como para la vida silvestre.
Claro que implementar una medida como esta será difícil, en especial porque podría tener como consecuencia el aumento de los costos de producción, que muy seguramente se trasladarían a los precios al consumidor final, lo que afectaría su economía.
Sin embargo, en Dinamarca un impuesto de este tipo ha tenido mucho éxito debido a que el monto total recaudado por el impuesto a los plaguicidas se regresa a los agricultores, en forma de apoyos de muy distintos tipos, lo que ha aumentado la colaboración de los mismos.
Aunque claro, en los países europeos donde se ha aplicado algún tipo de impuesto a los plaguicidas, no han estado exentos de críticas y problemas, pero a como vamos en Latinoamérica no nos va a quedar otra opción que hacer lo mismo, solo que echando mano de los aprendizajes de aquellos países.
¿Hay algún país en el que ya se haya aplicado un impuesto a los plaguicidas?
Sí, existen varios países que han implementado impuestos a los plaguicidas como una medida para promover el uso de alternativas más sostenibles y reducir el impacto ambiental de estos productos.
Uno de los ejemplos más destacados es Dinamarca. En 1996, Dinamarca introdujo un impuesto sobre los plaguicidas que se basa en el contenido de sustancias activas de los productos. Este impuesto tiene como objetivo incentivar a los agricultores a utilizar productos menos tóxicos y en menores cantidades. Los ingresos generados por este impuesto se utilizan para financiar programas de investigación y desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles, así como para apoyar a los agricultores en la transición hacia métodos más ecológicos.
Suecia también ha implementado un impuesto a los plaguicidas. En este caso, el impuesto se introdujo en 1984 y se basa en el volumen de ventas de plaguicidas. El objetivo es similar al de Dinamarca: reducir el uso de plaguicidas y fomentar prácticas agrícolas más sostenibles. Los fondos recaudados se destinan a programas de educación y capacitación para agricultores, así como a la investigación en alternativas de manejo de plagas.
Francia ha seguido un camino similar con la introducción de un impuesto sobre los plaguicidas en 2000. Este impuesto se aplica en función de la peligrosidad de los productos, incentivando el uso de plaguicidas menos dañinos. Además, Francia ha implementado políticas complementarias para promover la agricultura ecológica y reducir la dependencia de productos químicos.
Estos países han demostrado que los impuestos a los plaguicidas pueden ser una herramienta eficaz para reducir el uso de productos químicos peligrosos en la agricultura. Al gravar estos productos, se crean incentivos económicos para que los agricultores adopten prácticas más sostenibles y busquen alternativas menos dañinas para el medio ambiente. Además, los fondos recaudados pueden reinvertirse en programas de apoyo a la agricultura sostenible, creando un ciclo positivo de mejora continua en el sector agroalimentario.
Implementar un impuesto a los plaguicidas no es un proceso sencillo. Requiere un diseño cuidadoso de la política fiscal, considerando factores como la toxicidad de los productos, su impacto ambiental y las necesidades de los agricultores. Además, es crucial contar con un marco regulatorio sólido y mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar que los objetivos de la política se cumplan.