El debate sobre los transgénicos en México rara vez se basa en datos concretos. Aquí se revisa qué ha ocurrido realmente con los cultivos genéticamente modificados, cómo se otorgaron permisos de siembra, y qué cambió con las decisiones políticas recientes que redefinieron el rumbo agrícola del país.
A partir de información analizada sobre permisos y superficie cultivada, se explica cómo empresas como Bayer y Monsanto concentraron la mayor parte del desarrollo de biotecnología agrícola, por qué el algodón transgénico dominó la superficie sembrada, y cómo el gobierno mexicano cambió la política nacional respecto al maíz modificado genéticamente.
Hablar de cultivos transgénicos en México implica entrar en un terreno lleno de opiniones, percepciones y posturas ideológicas. Sin embargo, cuando se revisan los datos disponibles es posible entender con mayor claridad qué ha ocurrido realmente con esta tecnología agrícola en el país.
Durante el sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto, el gobierno mexicano autorizó la siembra de cultivos transgénicos en más de 2.5 millones de hectáreas. Esta superficie fue resultado de 141 permisos otorgados para diferentes tipos de liberación de organismos genéticamente modificados en el ambiente.
Aunque la cifra total de permisos parece amplia, al analizar quién recibió esas autorizaciones aparece una concentración muy marcada. Prácticamente toda la superficie sembrada quedó en manos de dos empresas transnacionales: Bayer de México y Monsanto Comercial.
Bayer obtuvo 70 permisos, que le permitieron cultivar alrededor de 1.47 millones de hectáreas, mientras que Monsanto recibió 41 permisos que cubrieron 1.1 millones de hectáreas. Esta situación refleja cómo el desarrollo de cultivos transgénicos en México estuvo dominado por corporaciones con fuerte presencia internacional.
La relación entre ambas compañías también cambió durante ese periodo. Durante varios años operaron como competidores dentro del sector agrícola global. Sin embargo, en 2018 ocurrió un movimiento corporativo importante: Bayer concretó la compra de Monsanto en una operación valuada en 63 mil millones de dólares, lo que transformó completamente el panorama de la industria biotecnológica agrícola.
Más allá del número de permisos otorgados, otro aspecto relevante es el tipo de cultivo que concentró casi toda la superficie transgénica autorizada en el país. El algodón fue, con diferencia, el cultivo dominante.
De los permisos emitidos, 111 correspondieron al algodón transgénico, lo que representó 99.99 % de la superficie autorizada. En términos prácticos, esto equivale a más de 2.53 millones de hectáreas sembradas con algodón modificado genéticamente.
El resto de los permisos fue marginal en comparación. Apenas 30 autorizaciones correspondieron a otros cultivos, que en conjunto ocuparon apenas 29.7 hectáreas. Entre estos cultivos se encuentran alfalfa, frijol, limón mexicano, naranja dulce valencia, soya y trigo.
Además de las empresas privadas, algunas instituciones académicas y centros de investigación participaron en este pequeño porcentaje de proyectos. Entre ellas destacan Cinvestav, CIMMYT e INIFAP, junto con compañías como BASF Mexicana y Dow AgroSciences. Estas iniciativas tenían principalmente objetivos de investigación o evaluación tecnológica.
Otro elemento importante para entender cómo se introducen los organismos genéticamente modificados en el campo mexicano es el proceso regulatorio establecido por la legislación nacional. La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados establece que cualquier cultivo transgénico debe seguir un proceso gradual antes de su liberación comercial.
Este proceso ocurre paso a paso y contempla tres fases principales.
La primera es la liberación experimental, donde se realizan pruebas en condiciones controladas para estudiar el comportamiento del organismo modificado.
Después viene la fase de programa piloto, que amplía las pruebas en una escala mayor para analizar su desempeño agronómico y ambiental.
Finalmente, si los resultados son satisfactorios, se puede autorizar la liberación comercial, lo que permite cultivar ese organismo genéticamente modificado de manera regular.
Al revisar los datos de los permisos otorgados se observa cómo se distribuyeron estas etapas. Aproximadamente 974 mil hectáreas fueron autorizadas para uso comercial, mediante 14 permisos.
La mayor parte de la superficie correspondió a programas piloto, con 65 permisos que abarcaron 1.52 millones de hectáreas.
La fase experimental fue la menor en superficie, con 62 permisos que cubrieron alrededor de 41 mil hectáreas.
Geográficamente, los cultivos transgénicos llegaron a establecerse en una gran parte del territorio nacional. Durante ese periodo, 18 estados de la república registraron permisos de siembra.
Entre ellos se encuentran Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Esto muestra que el desarrollo de cultivos genéticamente modificados no se limitó a una región específica, sino que tuvo presencia en distintas zonas agrícolas del país.
Sin embargo, la política pública cambió de manera radical con la llegada de un nuevo gobierno federal. Bajo la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, la postura hacia los transgénicos se transformó por completo.
Mientras que el gobierno anterior permitió su desarrollo y expansión bajo esquemas regulados, el nuevo enfoque adoptó una postura restrictiva.
El 31 de diciembre de 2020 se publicó un decreto que estableció la prohibición del maíz transgénico en México. Este decreto también incluyó una estrategia para eliminar gradualmente el uso del herbicida glifosato.
Estas medidas fueron interpretadas como un giro de 180 grados en la política agrícola relacionada con la biotecnología.
Por un lado, diversas organizaciones ambientalistas celebraron la decisión, argumentando que representa una medida para proteger la biodiversidad, especialmente en un país que es centro de origen del maíz.
Por otro lado, empresas agrícolas y algunos productores expresaron preocupación por las implicaciones que esta prohibición puede tener sobre la productividad, la competitividad y el acceso a nuevas tecnologías agrícolas.
Este contraste refleja uno de los principales rasgos del debate sobre transgénicos: la fuerte polarización entre posturas.
En muchos casos, la discusión se aleja de los datos técnicos y se centra en percepciones personales, temores o convicciones ideológicas. Por esa razón, revisar cifras concretas permite entender mejor el contexto.
Más allá de las posturas a favor o en contra, los cultivos transgénicos representan una herramienta tecnológica dentro del conjunto de soluciones agrícolas disponibles.
Como ocurre con cualquier tecnología, su utilidad depende de cómo se utilice, en qué contexto y bajo qué regulaciones.
No se trata de una solución universal para todos los problemas agrícolas, pero tampoco puede evaluarse únicamente desde posiciones absolutas.
Otro punto que suele pasar desapercibido en el debate es el tema de la información al consumidor. En la práctica, muchas personas consumen productos derivados de cultivos transgénicos sin saberlo.
Esto ocurre porque ingredientes como soya o maíz pueden formar parte de numerosos alimentos procesados sin que exista siempre una identificación clara sobre su origen genético.
Desde esta perspectiva, uno de los elementos clave del debate debería ser la transparencia en la información.
Si el consumidor tuviera acceso claro a los datos sobre el origen de los productos que compra, podría tomar decisiones de acuerdo con sus preferencias, ya sea optar por alimentos derivados de cultivos convencionales o por aquellos que provienen de organismos genéticamente modificados.
El punto central no necesariamente es imponer una postura única, sino permitir que las personas puedan elegir con información completa.
La situación actual en México implica que el desarrollo de cultivos transgénicos está detenido en términos de nuevas autorizaciones de siembra. Esto significa que, al menos durante el periodo de gobierno vigente, el avance de esta tecnología dentro del país es prácticamente nulo.
En consecuencia, el futuro de la biotecnología agrícola en México dependerá en gran medida de las decisiones políticas y regulatorias que se adopten en los próximos años.
El tema seguirá generando debate, pero entender los datos y el contexto histórico permite discutirlo con mayor claridad.