Muchas veces se habla de que el intermediarismo de productos agrícolas es algo que afecta en gran medida el precio de los alimentos, pero la realidad es que los intermediarios son necesarios para llevar muchos de los productos del campo a los centros de consumo, por lo que se trata de un elemento necesario.
Claro, aquí hay que entender que cuando una cadena agroalimentaria tiene el número justo y necesario de intermediarios, entonces estamos hablando de una cadena adecuada, donde cada uno cumple su rol; pero cuando se tienen más intermediarios de los que debería haber entonces si estamos hablando de un problema.
El detalle es que es extremadamente complejo dar seguimiento a los productos agrícolas desde el campo hasta los puntos de consumo, por lo que determinar con exactitud cuando se tiene un exceso de intermediarios resulta casi imposible; de hecho, quizá solo el gobierno tenga la capacidad para dar seguimiento a las cadenas.
Entonces, la respuesta es no, los intermediarios no afectan a la agricultura, sino que son un eslabón necesario para movilizar los productos agrícolas, desde donde se producen hasta donde se consumen. Lo que si es un problema es el exceso de intermediarios, que como sabemos, ocurre más de lo que nos gustaría.
¿Qué se necesita para regular a los intermediarios en la agricultura?
Regular a los intermediarios en la agricultura requiere un enfoque integral que aborde varios aspectos clave:
- Marco legal claro: Es necesario establecer leyes y reglamentos específicos que definan las funciones y responsabilidades de los intermediarios. Estos marcos deben cubrir desde la transparencia en las transacciones hasta la protección de los derechos de los agricultores y consumidores.
- Licencias y registro: Implementar un sistema obligatorio de licencias y registro para los intermediarios. Esto ayuda a mantener un control sobre quiénes operan en el mercado y asegura que cumplan con los requisitos legales y éticos establecidos.
- Transparencia en las transacciones: Exigir que todas las transacciones se registren y se reporten de manera transparente. Esto incluye la divulgación de precios, términos de pago y cualquier comisión o tarifa aplicada. La transparencia ayuda a prevenir abusos y fraudes.
- Monitoreo y supervisión: Crear agencias o entidades regulatorias encargadas de monitorear y supervisar las actividades de los intermediarios. Estas entidades deben tener el poder de investigar, auditar y sancionar a aquellos que no cumplan con las regulaciones.
- Protección de los agricultores: Establecer mecanismos para proteger a los agricultores de prácticas desleales. Esto puede incluir la implementación de contratos justos y el acceso a mecanismos de resolución de disputas. También es crucial asegurar pagos justos y puntuales a los productores.
- Educación y capacitación: Proveer programas de educación y capacitación tanto para los intermediarios como para los agricultores. Los intermediarios deben comprender sus responsabilidades legales y éticas, mientras que los agricultores deben estar informados sobre sus derechos y cómo negociar mejor sus productos.
- Fomento de la competencia: Promover un entorno competitivo que evite el monopolio o la colusión entre intermediarios. Un mercado competitivo asegura precios más justos y mejores condiciones para los agricultores.
- Tecnología y digitalización: Utilizar plataformas digitales para facilitar la transparencia y eficiencia en las transacciones. Las tecnologías como blockchain pueden ayudar a rastrear y verificar las transacciones, reduciendo el riesgo de fraude.
- Participación de los agricultores: Incluir a los agricultores en el proceso de regulación para asegurar que sus necesidades y preocupaciones se consideren adecuadamente. Esto puede lograrse a través de asociaciones de productores o cooperativas.
- Sanciones y penalidades: Establecer sanciones claras y efectivas para los intermediarios que violen las regulaciones. Las penalidades deben ser lo suficientemente severas para disuadir conductas inapropiadas y asegurar el cumplimiento de las normas.
Estos elementos combinados pueden crear un sistema de regulación efectivo que beneficie a todos los actores en la cadena de suministro agrícola, garantizando prácticas justas y sostenibles.