La conversación se centra en entender el impacto real de la reforma agraria en México, cómo transformó la tenencia de la tierra, y por qué hoy sigue influyendo en el campo. Francisco Javier Cañada Melecio explica con claridad los cambios estructurales y sus consecuencias actuales.
También se abordan los retos actuales del campo: organización productiva, acceso a crédito rural y nuevas formas de producir. Francisco Javier Cañada Melecio plantea soluciones prácticas basadas en experiencia directa, mostrando lo que funciona y lo que sigue pendiente en el agro mexicano.
La reforma agraria en México surge como respuesta a una desigualdad histórica en la tenencia de la tierra. Durante siglos, especialmente en el periodo previo a la Revolución, la tierra estuvo concentrada en pocas manos mientras millones de campesinos carecían de acceso a ella. El lema de “tierra y libertad” reflejaba una necesidad profunda de justicia social. La Constitución de 1917 permitió establecer mecanismos para el reparto agrario, lo que dio origen a miles de ejidos y comunidades agrarias en todo el país.
Este proceso significó un cambio estructural. Por primera vez, muchos campesinos pudieron acceder a tierra propia para producir. No solo se trató de repartir tierra, sino de acompañar ese proceso con crédito, asistencia técnica e incluso mecanismos de defensa. En especial durante el periodo cardenista, se fortaleció la idea de que el campo podía ser productivo si se apoyaba adecuadamente.
Con el paso del tiempo, el modelo de reparto comenzó a agotarse. Llegó un punto en el que ya no había suficiente tierra para seguir distribuyendo. En 1992 se marca un cambio importante: se da por terminado el reparto agrario y se inicia una etapa enfocada en la regularización de la tenencia de la tierra. Este proceso buscó dar certeza jurídica a los ejidatarios, permitiéndoles delimitar sus tierras, definir su uso y asignarlas formalmente.
Uno de los grandes aportes de esta etapa fue reducir la conflictividad agraria. Antes, los límites entre ejidos eran imprecisos, lo que generaba disputas constantes. Con la medición y documentación adecuada, se logró establecer con mayor claridad quién posee qué y hasta dónde llegan los derechos de cada núcleo agrario. Este proceso, aunque complejo, permitió avanzar hacia una mayor estabilidad social en el campo.
La organización interna del ejido también se formalizó. Se diferenciaron claramente tres tipos de tierras: parceladas, de uso común y de asentamiento humano. Esta clasificación permitió ordenar el territorio y generar documentos que acreditan derechos específicos. Sin embargo, también se abrió la posibilidad de que las tierras salieran del régimen ejidal, lo que generó nuevas dinámicas.
Contrario a lo que muchos pensaban, el ejido no desapareció. Sigue siendo una figura central en el campo mexicano. Solo un pequeño porcentaje de tierras ha pasado a dominio pleno. Aun así, la reforma de 1992 introdujo cambios importantes en la forma en que los ejidatarios pueden usar su tierra: ahora pueden rentarla, venderla o asociarse, aunque estos procesos requieren cumplir ciertos requisitos que no siempre se conocen o se aplican correctamente.
Aquí aparece uno de los problemas actuales más relevantes: la falta de información y previsión. Muchos ejidatarios no realizan testamentos agrarios, lo que genera conflictos cuando fallecen. Sus familias se ven obligadas a entrar en procesos legales costosos y complejos. Esta situación está generando una nueva etapa de irregularidad, distinta a la del pasado, pero igualmente problemática.
Otro aspecto clave es la organización. La fuerza del ejido radica en su capacidad colectiva. Cuando los ejidatarios trabajan juntos, tienen mayores posibilidades de producir, negociar y defender sus intereses. Sin embargo, esa cohesión se ha debilitado con el tiempo. Ya no existe el mismo objetivo común que impulsó la lucha por la tierra, y eso ha fragmentado a muchas comunidades.
En el contexto actual, el enfoque ya no debe estar en la distribución de la tierra, sino en la producción agrícola eficiente. El reto es cómo hacer que pequeñas superficies sean rentables. Aquí se plantea la necesidad de cambiar paradigmas, apostando por producción intensiva, cultivos alternativos y tecnologías accesibles.
Un punto crítico es el costo de los insumos. Los fertilizantes químicos y pesticidas son caros y contaminantes. Frente a esto, se están desarrollando alternativas como fertilizantes orgánicos elaborados por los propios productores. Este cambio no solo reduce costos, sino que también genera independencia y sostenibilidad. El hecho de que los campesinos pasen de pedir insumos a querer aprender a producirlos marca una transformación profunda.
También se están implementando prácticas sencillas pero efectivas, como el uso de insecticidas naturales o la construcción de bordos para retener agua. Estas acciones muestran que no siempre se requieren grandes inversiones, sino soluciones adaptadas a las condiciones locales.
El tema del agua es otro desafío central. La escasez hídrica, agravada por el cambio climático, está afectando la producción agrícola. Los ciclos de lluvia han cambiado y los productores siguen operando con esquemas del pasado. Adaptarse a estas nuevas condiciones es urgente.
La conciliación entre actores del campo es fundamental. Los conflictos agrarios y productivos no pueden resolverse sin diálogo. La experiencia muestra que la mediación requiere voluntad de las partes y, en muchos casos, incentivos que permitan llegar a acuerdos. La neutralidad del conciliador es clave para generar confianza.
En términos más amplios, el campo enfrenta una pérdida de prioridad frente a otros sectores económicos. Sin embargo, la agricultura sigue siendo esencial porque de ella depende la alimentación. La falta de soberanía alimentaria es un riesgo creciente, especialmente si la producción nacional continúa disminuyendo.
El futuro del campo pasa por varios ejes. Primero, fortalecer la organización de los productores. Segundo, impulsar la investigación y la transferencia de tecnología. Tercero, garantizar acceso a crédito accesible. Sin financiamiento, el campesino queda limitado y dependiente de intermediarios.
También es necesario replantear los sistemas productivos. No todos los territorios deben seguir sembrando lo mismo. Hay zonas donde el maíz ya no es viable y se deben explorar cultivos alternativos con mayor valor. Esto implica hacer diagnósticos locales y trabajar directamente con los productores para definir estrategias.
La integración entre agricultura y ganadería es otro punto relevante. Ambos sistemas pueden complementarse y generar sinergias que mejoren la productividad y reduzcan costos. Separarlos ha sido un error que limita el aprovechamiento de recursos.
En síntesis, la reforma agraria fue un proceso fundamental que transformó la estructura del campo mexicano. Logró avances importantes en justicia social y estabilidad, pero también dejó retos pendientes. Hoy, el enfoque debe cambiar hacia la productividad, la organización y la sostenibilidad, entendiendo que no existen soluciones únicas y que cada territorio requiere respuestas específicas.
