Conversé con Macedonio Arteaga, fundador de la empresa Prodeni, quien compartió su punto de vista sobre el impacto de los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense al sector agrícola de Michoacán, un estado con profunda vocación agroproductiva.
Durante la charla, Macedonio explicó que los primeros efectos ya se están sintiendo y que la incertidumbre en el sector podría conducir a la toma de decisiones poco acertadas. Asimismo, expuso su opinión sobre las acciones que deberían emprenderse para evitar que el campo mexicano sea víctima de decisiones políticas, subrayando la importancia de la planeación estratégica y la unidad del sector ante escenarios internacionales adversos.
¿Por qué Michoacán se vería muy afectado por los aranceles de Trump?
Michoacán ocupa un lugar singular en el mapa agrícola mundial. Su diversidad climática y su estructura productiva han hecho de este estado el corazón frutícola de México y, al mismo tiempo, uno de los territorios más integrados al comercio agroalimentario de América del Norte. La agricultura michoacana no está diseñada para abastecer únicamente al mercado interno: produce para el mundo, y en particular, para Estados Unidos, su principal destino comercial. Por eso, cuando desde Washington se enuncian amenazas de aranceles o restricciones a las importaciones mexicanas, el eco resuena con especial fuerza en las montañas, los valles y las huertas de esta región. Lo que para otros estados significaría un golpe comercial, para Michoacán podría representar un terremoto económico, social y ecológico.
La explicación es estructural. Más del 80% de las exportaciones agroalimentarias de Michoacán se dirigen a Estados Unidos, lo que lo convierte en un sistema productivo altamente dependiente del mercado norteamericano. Entre sus cultivos insignia se encuentran el aguacate, las berries, el limón y el mango, productos de alto valor que han posicionado al estado como líder nacional en exportaciones agrícolas. Pero esa misma especialización lo vuelve vulnerable. Cuando un país concentra su economía en pocos productos y en un solo destino comercial, cualquier alteración arancelaria se convierte en una amenaza sistémica. Un impuesto del 20% sobre el aguacate, por ejemplo, no solo encarecería el producto en los supermercados estadounidenses, sino que desestabilizaría una cadena de valor que involucra a cientos de miles de trabajadores y productores.
El caso del aguacate (Persea americana) ilustra con claridad la magnitud de la dependencia. Michoacán aporta más del 70% del aguacate exportado por México y es, de hecho, el único estado autorizado para exportar a Estados Unidos debido a su certificación fitosanitaria y su control de plagas. Este fruto, convertido en símbolo de prosperidad local, sostiene una red que abarca desde pequeños agricultores hasta grandes empacadoras y transportistas. Cada semana, miles de toneladas cruzan la frontera para satisfacer la demanda estadounidense, especialmente durante eventos masivos como el Super Bowl. Si el gobierno de Estados Unidos impusiera aranceles significativos, el impacto sería inmediato: reducción de ventas, sobreoferta interna y caída de precios en el mercado nacional. Un impuesto de este tipo no solo afectaría a los exportadores, sino a toda la economía rural michoacana, donde el aguacate es fuente directa e indirecta de empleo y divisas.
A diferencia de otros sectores industriales, la agricultura no puede simplemente reorientar su producción de un año a otro. Las plantaciones frutales requieren años de maduración, inversiones en infraestructura y manejo intensivo del suelo. Por ello, la posibilidad de buscar nuevos mercados internacionales —Europa, Asia o Medio Oriente— no compensa a corto plazo las pérdidas derivadas de un cierre o encarecimiento del mercado estadounidense. Los costos logísticos y los estándares fitosanitarios de otros países son distintos, y adaptar la producción a esas condiciones lleva tiempo. En ese lapso, miles de pequeños productores quedarían atrapados entre los costos fijos de producción y la caída de la demanda externa. Para una región cuya estructura productiva está tan interconectada con Estados Unidos, los aranceles funcionarían como una fractura en la base misma de su economía.
El problema se agrava por la asimetría de poder comercial. Estados Unidos no depende de Michoacán para su estabilidad económica, pero Michoacán sí depende del mercado estadounidense para sostener su desarrollo rural. Esa relación desigual convierte cualquier amenaza arancelaria en un instrumento de presión política. Los aranceles no solo sirven como barreras económicas, sino como palancas diplomáticas para forzar concesiones en temas migratorios o de seguridad. En el contexto de las políticas impulsadas por Donald Trump, los impuestos al agro mexicano se han planteado en ocasiones como castigo o advertencia, más que como estrategia económica racional. La vulnerabilidad de Michoacán se inscribe así en una lógica geopolítica: el campo michoacano es rehén de las tensiones binacionales que poco tienen que ver con la agricultura misma.
Otro factor que amplifica el riesgo es la estructura laboral del estado. Gran parte de la población rural de Michoacán depende de actividades agrícolas temporales y carece de redes de seguridad económica. Si las exportaciones se reducen por efecto de los aranceles, miles de trabajadores podrían quedar desempleados en cuestión de semanas. Este fenómeno no se limitaría al sector primario: también afectaría el transporte, la logística, la refrigeración y los servicios asociados. En un territorio donde la migración hacia Estados Unidos ha sido históricamente una válvula de escape económica, un colapso del sector exportador podría intensificar los flujos migratorios o incluso generar tensiones sociales internas. Paradójicamente, las medidas arancelarias de Trump, justificadas en parte por su política antimigrante, terminarían provocando el efecto contrario: más migración derivada de la crisis económica rural.
El impacto no sería únicamente económico. La expansión del aguacate y otros cultivos de exportación ha modificado profundamente la ecología de Michoacán. La demanda internacional ha incentivado la deforestación, la sobreexplotación de acuíferos y la sustitución de ecosistemas naturales por monocultivos. Si los aranceles provocaran una contracción del mercado, el abandono repentino de estas superficies podría generar desequilibrios ambientales graves: erosión, pérdida de cobertura forestal y contaminación por agroquímicos sin manejo adecuado. La economía michoacana, construida alrededor del auge exportador, no cuenta con un modelo alternativo que equilibre productividad y sostenibilidad. En consecuencia, un golpe arancelario no solo afectaría el ingreso, sino también la estabilidad ecológica de una región ya presionada por el cambio climático.
La dimensión financiera del problema también merece atención. El sistema crediticio agrícola en Michoacán opera bajo la lógica de los contratos de exportación. Los créditos, seguros y financiamientos están diseñados considerando la demanda externa y los precios internacionales. Un arancel disruptivo alteraría esos cálculos, generando incumplimientos de pago y pérdidas para instituciones financieras y cooperativas. Las agroempresas medianas, que funcionan con márgenes estrechos, serían las primeras en quebrar, arrastrando a los pequeños productores con los que mantienen convenios de suministro. Así, el efecto dominó de un aumento arancelario podría propagarse desde el productor hasta la banca rural, afectando la estructura crediticia del sector agrícola regional.
A largo plazo, la dependencia de un solo mercado limita la capacidad de innovación. La agricultura michoacana ha orientado sus inversiones hacia satisfacer las exigencias del comprador estadounidense: calibres, empaques, certificaciones y logística transfronteriza. Esta especialización orientada a la exportación ha generado eficiencia, pero también rigidez. En lugar de diversificar hacia la transformación agroindustrial o el valor agregado, la mayoría de los productores sigue atrapada en la lógica del producto fresco. Los aranceles, al romper esa relación de dependencia, podrían forzar una reestructuración, pero el proceso sería doloroso y desigual. Solo las empresas con acceso a capital y tecnología podrían adaptarse, mientras que las unidades de pequeña escala enfrentarían un escenario de exclusión.
No debe olvidarse el componente simbólico del comercio agrícola entre México y Estados Unidos. El aguacate michoacano, las berries y el limón no son simples mercancías: son emblemas de integración económica, testimonio de cómo la apertura comercial bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) transformó las zonas rurales mexicanas. Los aranceles amenazan no solo un flujo económico, sino un modelo de desarrollo que durante tres décadas ha vinculado la prosperidad rural con la globalización. Si ese vínculo se quiebra, Michoacán quedará ante una disyuntiva histórica: reconstruir su economía sobre bases locales y sostenibles o seguir dependiendo de un vecino impredecible.
La razón por la que Michoacán sería uno de los estados más afectados por los aranceles de Trump no se reduce, entonces, a su alta participación en las exportaciones agrícolas mexicanas. Se explica por la confluencia de factores económicos, ecológicos y sociales que han hecho de su agricultura un sistema interdependiente del mercado estadounidense. En ese sistema, cada arancel no es una cifra abstracta, sino una perturbación en la vida de millones de personas, en la estructura financiera del campo y en el equilibrio ambiental de un territorio entero. Cuando se amenaza con cerrar una frontera comercial, lo que se pone en juego no son solo los ingresos de los productores, sino el futuro mismo de la agricultura michoacana, que ha crecido mirando hacia el norte como su horizonte natural.
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