El agro digitaliza cada vez más información, desde suelos hasta rendimientos, pero solo una pequeña parte del sector usa tecnologías avanzadas. Esta revolución, impulsada por sensores, drones y apps, ofrece enormes beneficios, pero plantea una pregunta clave: ¿quién es dueño de los datos generados en el campo?
En América Latina, no hay leyes claras al respecto, lo que deja a los agricultores en desventaja. La acumulación de datos puede volverse acumulación de poder. Para que el ecosistema digital sea justo, se necesita confianza basada en reglas claras, ética y regulación estatal que garantice soberanía y transparencia en el uso de la información agrícola.
A lo largo de este episodio pongo sobre la mesa una pregunta directa y sin anestesia: ¿quién decide qué hacer con la información agrícola que se genera todos los días? No es una provocación gratuita. Es una duda legítima en un sector que avanza hacia la digitalización a un ritmo desigual, pero constante. Aunque el agro no esté tan tecnificado digitalmente como muchos quisiéramos —quizá sólo entre 3 y 5 por ciento del sector usa tecnologías digitales de forma cotidiana—, la realidad es que todos los días se produce y almacena una cantidad enorme de datos agrícolas.
Hablo de información de cultivos, clima, suelos, riego, rendimientos por parcela, imágenes satelitales, aplicaciones de fertilizantes, registros de enfermedades y mucho más. Todo esto existe gracias a sensores, drones, estaciones meteorológicas, plataformas digitales, aplicaciones móviles, software de gestión y cuadernos digitales. La revolución digital en el agro no es una promesa futura: ya está ocurriendo. Y sí, ha ayudado a avanzar hacia el gran objetivo compartido: producir más alimentos afectando lo menos posible a los ecosistemas.
El problema aparece cuando miramos el tema que casi nadie quiere discutir. El elefante en medio del cuarto. ¿De quién son los datos? ¿Del agricultor? ¿De la empresa que presta el servicio? ¿Del desarrollador de la tecnología? ¿De quien los almacena? En la mayoría de los países de América Latina, esta pregunta no tiene una respuesta clara porque no existe un marco legal específico que lo regule. No hay reglas firmes que definan la propiedad, el uso y el resguardo de la información agrícola digital.
Y aquí conviene decirlo sin rodeos: los datos valen mucho dinero. Para ilustrarlo, comparto una experiencia recurrente. En más de una ocasión, empresas agrícolas o agronegocios me han contactado con una petición muy concreta: directorios de agricultores en México segmentados por cultivo. La razón es simple. Tener una lista de productores de piña, tomate o berries permite ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo en ventas. Es un atajo directo al cliente potencial. Yo no tengo esos directorios, pero el ejemplo deja claro algo fundamental: la información agrícola es un activo comercial de alto valor.
Esto aplica no sólo a datos de contacto, sino a cualquier tipo de data agrícola. Por eso pregunto abiertamente: ¿cuánto pagarías por acceder a información precisa de agricultores que podrían necesitar exactamente lo que vendes? Esa pregunta incomoda, pero aclara el panorama.
Se repite mucho que la digitalización es la clave del futuro del agro. Hasta cierto punto, es verdad. Pero también puede convertirse en el mayor dolor de cabeza si no se gestiona bien. No se trata de pensar que estamos al borde del colapso. Existe buena fe en muchas empresas que recaban y almacenan datos, y algunas incluso declaran abiertamente que la información pertenece a sus clientes. El problema es que decirlo no siempre equivale a cumplirlo.
Surgen entonces preguntas prácticas que casi nadie responde. ¿Cómo puede un agricultor recuperar sus datos si los solicita? ¿En qué formato? ¿Cómo se evita que queden copias no autorizadas? ¿A quién se debe acudir dentro de la empresa para entender el tratamiento de la información? Este no es un asunto menor. Otras industrias llevan décadas intentando resolver este laberinto, con éxitos parciales y fracasos sonoros.
La acumulación de datos es, también, una forma de acumulación de poder. Quien tiene los datos toma mejores decisiones, se anticipa al mercado, gana ventaja competitiva, negocia mejor precios y reduce costos. Incluso actuando de buena fe, la asimetría de información genera desequilibrios. Y si alguien actúa de mala fe, el escenario se vuelve todavía más delicado.
Imaginemos un ataque a los servidores de una empresa que ofrece software de gestión agrícola. ¿Cuánto valen los datos confidenciales de una empresa agrícola? ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar para recuperarlos? ¿Quién asume la responsabilidad si los servidores están en otro país? La jurisdicción legal sobre datos sensibles alojados en el extranjero es un terreno gris que depende, otra vez, de la legislación local.
En Europa, el tema de los datos está relativamente bien trabajado. En muchos países de Asia y América Latina, no tanto. A veces hay leyes, pero son laxas. Revisar a fondo este tema requiere conocimientos legales especializados. Aun así, hay algo evidente: las políticas de datos de muchas empresas agrotecnológicas no son fáciles de encontrar ni de entender. Cuando se revisan, dicen poco sobre el manejo real de la información.
Mi postura es clara y directa: los datos siempre deben ser del agricultor. Punto. Debe poder disponer de ellos como mejor le convenga. Esto abre muchas incógnitas, sobre todo porque no existen estándares claros entre plataformas. Cambiar de proveedor tecnológico y llevarse los datos no siempre garantiza compatibilidad total. Es un problema real que hoy limita la libre competencia.
Al mismo tiempo, también considero razonable que las empresas puedan usar los datos de sus clientes mientras lo sean, con el fin de mejorar sus modelos, sistemas y soluciones. Si eso se hace de forma ética y transparente, se genera un ciclo virtuoso: mejores datos permiten mejores herramientas, que a su vez benefician al agricultor. Eso sí, cuando el agricultor deja de ser cliente, la empresa debería tener la capacidad de retirar sus datos del conjunto que utiliza.
Para que este ciclo funcione, hay una palabra clave: confianza. Y la confianza no se construye con discursos, sino con hechos. En concreto, con tres elementos. Primero, reglas claras que cualquier agricultor pueda entender. Segundo, procesos transparentes, porque hoy la tecnología digital es una caja negra para la mayoría. Tercero, un compromiso real con la ética digital. Aquí no hay medias tintas.
Sin estos elementos, la innovación se construye sobre terreno inestable. Y aquí, aunque no sea popular decirlo, el Estado tiene un rol que jugar. No se trata de frenar la innovación, sino de establecer reglas del juego claras, como ya existen en temas sanitarios, ambientales y laborales. Una legislación bien diseñada beneficiaría tanto a agricultores como a empresas.
Los datos agrícolas no son un subproducto técnico. Son un activo estratégico, tan importante como la tierra, el agua o las semillas. Hoy estamos justo a tiempo de hablar del tema. Sensores, drones y software ya son parte del vocabulario cotidiano del agro. No son ciencia ficción. Por eso, el llamado final es simple: no se trata de rechazar la tecnología digital, sino de abrazarla con responsabilidad, exigir respeto por el trabajo del agricultor y construir un ecosistema digital basado en equidad, transparencia y confianza mutua.