El 13 de enero de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para consumo humano y limita el uso del herbicida glifosato en México. Este decreto, que sustituye a uno anterior de 2020, establece que el país debe estar libre de ambos para el 31 de marzo de 2024.
La prohibición ha generado controversia, ya que algunas grandes empresas y funcionarios del gobierno se resisten a ella. Estados Unidos ha expresado su preocupación por la prohibición, ya que México es el mayor comprador de maíz transgénico, importando más de 16 millones de toneladas al año.
¿Por qué el maíz transgénico es polémico en México?
El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto -que entró en vigor apenas el 13 de febrero- el cual prohíbe el maíz transgénico para la alimentación humana y limita el uso del ingrediente activo con efecto herbicida glifosato en México.
El decreto indica que el país deberá estar libre de ambos -maíz transgénico y glifosato- para el 31 de marzo de 2024, una decisión que ya fue respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque por supuesto hay resistencia de grandes empresas e incluso de algunos funcionarios.
La situación es compleja y ha generado controversia en los últimos años, pues se ha debatido sobre si el gobierno mexicano debería permitir o prohibir la producción e importación de maíz genéticamente modificado, así como permitir o prohibir el uso del glifosato.
Los intentos de la sociedad civil por exigir que el maíz transgénico y el glifosato dejen de usarse en nuestro país no es algo nuevo. Sabemos que, durante décadas, organizaciones campesinas, comunitarias y académicas han presentado amparos, organizado marchas, y promovido recursos legales para exigir la protección de cultivos y culturas.
Hace ya 10 años, en 2013, la Fundación Semillas de Vida -un conjunto de diversas organizaciones- ganaron un juicio de amparo que prohibió la siembra comercial de maíz transgénico en nuestro país, y que en caso de ser experimental se notificara a un juez.
La medida fue duramente combatida por las empresas Bayer-Monsanto, Syngenta, PHI México y otras, y en 2016 sus abogados promovieron un recurso de revisión para echar abajo esta decisión de la Suprema Corte.
El caso quedó en espera durante muchos años, pero en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fin resolvió el asunto: negó la petición de la agroindustria y prohibió de manera definitiva la siembra de maíz transgénico con fines comerciales, algo con lo que el decreto presidencial se alinea, aunque tarde.
En noviembre de 2019 Víctor Toledo, entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), frenó la importación de un cargamento de mil toneladas de glifosato bajo el “principio precautorio”, una figura legal que, ante el desconocimiento de los potenciales daños de una práctica, ésta se debe suspender hasta determinar el peligro que representa.
El argumento de la SEMARNAT era válido, pero generó una serie de desencuentros en el gabinete presidencial, especialmente entre Alfonso Romo (jefe la oficina de presidencia en es emomento), y Víctor Villalobos (secretario de agricultura), quienes comenzaron a operar en contra de la decisión de Toledo para revocar el freno a la importación de glifosato. En aquel momento desde la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) se envió una propuesta de anteproyecto para programar y coordinar estudios técnicos necesarios para determinar la seguridad del agroquímico.
Este desencuentro quedó en evidencia pública debido a una serie de audios filtrados donde Víctor Toledo platicaba de eso con su equipo de trabajo; meses después, Toledo presentó su renuncia a la SEMARNAT.
Ahora bien, desde que el primer decreto se anunció, a finales de 2020, Monsanto-Bayer promovió una decena de amparos para frenar sus efectos. Casi todos estos intentos fueron rechazados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con excepción de uno.
En abril de 2021 el juez sexto de distrito en materia administrativa, Francisco Javier Rebolledo Peña otorgó una suspensión provisional a Monsanto-Bayer ante el decreto presidencial de 2020. Esta medida cautelar devino en un juicio de amparo, donde la transnacional argumentó que se vulneraban sus derechos económicos en el país.
En el mes de enero de 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto que prohíbe al gobierno mexicano comprar maíz transgénico para consumo interno -el cual entró en vigor el 13 de febrero-, así como también prohíbe la importación, fabricación, venta y uso del pesticida glifosato. Sin embargo, este decreto estipula que el maíz transgénico puede seguir utilizándose en procesos industriales para alimentación animal y consumo humano.
Ahora bien, el decreto de principios de 2023 deroga (sustituye) al decreto de finales de 2020, y detalla una ruta más específica para asegurar la prohibición total de glifosato y maíz transgénico en México. Entre los puntos más relevantes que deberán cumplirse en su totalidad para marzo de 2024 están:
- La prohibición total del uso de maíz transgénico para alimentación humana, y su reducción gradual hacia 2024 en uso industrial y agrícola.
- Revocar y abstenerse de otorgar permisos para la liberación de semillas de maíz transgénico en territorio mexicano.
- La instrucción hacia las dependencias correspondientes de no usar en programas públicos maíz transgénico y glifosato, y a la vez, determinar las sanciones correspondientes para quien lo haga.
- La realización de un estudio científico con el fin de identificar o comprobar los daños a la salud que provoca el consumo de maíz transgénico.
El decreto que entró en vigor el 31 de diciembre de 2020 lleva por nombre: –DECRETO por el que se establecen las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus competencias, para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente-.
Por su parte, el decreto que entró en vigor el 13 de febrero de 2023 y que deroga al anterior, solo lleva por nombre: –DECRETO por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado-.
Cabe mencionar que Víctor Villalobos, titular de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), es uno de los defensores del maíz modificado genéticamente, pues mencionó durante la Expo Carnes y Lácteos 2023 que a 24 años de la entrada del maíz amarillo transgénico al país, “no se ha podido demostrar científicamente que genere algún daño a la salud humana, ni en México ni el mundo”.
Alguien que comunica la contraparte desde 2015 es Emmanuel González-Ortega, quien estuvo al mando del Instituto de Ecología (IE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien ha afirmado que el maíz transgénico eleva el riesgo de padecer cáncer y de causar malformaciones congénitas. Además, según se teorizó tras un estudio de Gilles-Éric Séralini de 2012, los efectos de consumir maíz Mon60 podrían derivar en enfermedades renales o cáncer.
En 2012, el científico francés Gilles-Éric Séralini publicó un estudio en el que se afirmaba que el maíz transgénico de Monsanto, modificado para resistir al herbicida Roundup, causaba tumores y otros problemas de salud en ratas de laboratorio. El estudio fue muy criticado por la comunidad científica debido a su diseño experimental y a la falta de transparencia en la presentación de los datos. Después de una revisión exhaustiva, el estudio fue retirado por la revista científica que lo publicó. Los organismos reguladores de Europa y otros países también revisaron el estudio y concluyeron que no proporcionaba evidencia suficiente para cuestionar la seguridad del maíz transgénico.
Ahora bien, desde el primer decreto las autoridades estadounidenses se han mostrado preocupadas por estas acciones, argumentando que la medida podría “sofocar la innovación crítica necesaria para ayudar a los productores a enfrentar los desafíos apremiantes del clima y la seguridad alimentaria”.
¿Por qué preocupa tanto esta situación en Estados Unidos? Básicamente la medida ha generado preocupación porque México es el mayor comprador de maíz transgénico, importando más de 16 millones de toneladas al año por un valor de $4,700 millones.
Por ello el gobierno de Estados Unidos activó una comisión de resolución de disputas bajo el Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) si México no cambia su postura sobre el uso e importación de maíz transgénico, lo que no parece que vaya a suceder.
También se informó hace apenas unos días que el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, estaba revisando “cuidadosamente” el nuevo decreto de México sobre el maíz transgénico y trabajaría con la Representante Comercial de Estados Unidos para asegurar que el comercio basado en ciencia se “mantenga firme”. Además, el gobierno estadounidense sigue exigiendo que el gobierno mexicano explique los fundamentos científicos de las prohibiciones propuestas.
En conclusión, la situación está poniendo en riesgo el comercio bilateral, en especial el comercio de productos agrícolas, no solo entre México y Estados Unidos, sino también entre México y Canadá.
Esto porque recientemente Canadá se adhirió a las consultas técnicas de Estados Unidos por la prohibición de maíz transgénico en México, aunque en el caso de Canadá su interés en las consultas radica en la canola, ya que México no importa maíz canadiense.
Hoy en día el gobierno estadounidense ya envió una serie de preguntas bajo el Capítulo 9 de Sanidades del T-MEC, alegando que no hay evidencia científica de que el maíz transgénico sea dañino para el consumo humano.
El Capítulo 9 de Sanidades del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece las medidas sanitarias y fitosanitarias que los tres países deben aplicar al comercio de productos agrícolas y alimentos para proteger la salud de los consumidores y prevenir la propagación de enfermedades y plagas. El capítulo establece los procedimientos para la evaluación de riesgos, la adopción de medidas sanitarias y fitosanitarias, la cooperación científica y técnica, y la solución de controversias relacionadas con estas medidas. También establece la obligación de los países de basar sus medidas en principios científicos y de minimizar los efectos negativos en el comercio.
Fuentes: Pie de Página, El País, Vice, El Economista, La Silla Rota, La Jornada, Infobae
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